Un jubilado de Rincón de la Victoria ha sido desahuciado de la vivienda que desde hace tres años ocupa en régimen de alquiler en Añoreta a consecuencia de las deudas que el propietario de la casa mantiene con un banco. El lanzamiento se produjo el 6 de noviembre por la mañana, sin el conocimiento del inquilino y justo cuando había salido a dar un paseo. "El problema no es lo que me ha sucedido a mí, sino cómo se atropella a un ciudadano". "No sé si es la ley, los protocolos de actuación o cómo se aplican, pero es evidente que algo se está haciendo mal y que si no se cambia, esto es algo que le puede ocurrir a cualquiera", puntualiza Manuel, que se resiste a proporcionar más datos personales porque considera que lo importante no es lo que le ha sucedido a él, sino que algo así pueda pasar.

Aquella mañana salió de su casa hacia las 10:00 para dar un paseo. Al regresar, cerca de las 13:00, observó que había un papel pegado en la puerta y que su llave no abría. Incrédulo comprobó que no se había confundido. Que aquella era la puerta de su vivienda y que acababa de ser desahuciado. En aquel momento se quedaba sin casa, sin dinero, sin documentación, sin más ropa que la puesta y hasta sin coche, porque las llaves estaban en el interior de la vivienda .

La comisión judicial, aunque había advertido que el piso, en el número 2 de la calle Paraguay de Rincón de la Victoria, estaba ocupada, que había alimentos perecederos en el frigorífico y hasta los platos del desayuno en el fregadero, ejecutó el lanzamiento y cambió la cerradura sin hacer más comprobaciones. De hecho, en el documento que dejó en la puerta se hacía constar que la casa "al parecer" estaba ocupada puesto que una vez descerrajada la cerradura había comprobado que existían enseres personales en el interior. Pese a todo, nadie se ocupó por localizar al residente ni de tener en cuenta qué derechos podía hacer valer. Simplemente, en el papel pegado en la pared figuraba el número del juzgado (Primera Instancia número 7) y el nombre y teléfono del procurador.

"Para mí es irrelevante la relación del dueño con el banco y el proceso de ejecución, lo importante es el atropello, el verte inesperadamente en la calle, que nadie te informe ni comunique nada y que la primera noticia que tengas sea un papel pegado en tu puerta", insiste el afectado.

Aquella noche buscó alojamiento en casa de amigos y al día siguiente "todavía con la misma ropa" formalizó una comparecencia judicial explicando lo sucedido y en ese momento el juzgado fijó una vista para el 13 de noviembre. Además se puso en contacto con la oficina del Banco Popular de Rincón de la Victoria y 24 horas después logró entrar en su casa para recoger algunos enseres de primera necesidad, pero acompañado. Poco después se dio cuenta que había olvidado la cartilla de la Seguridad Social y unas recetas por lo que el 9 de noviembre, más de 48 horas después del lanzamiento, volvió a su casa junto al abogado del banco. Fue entonces cuando el letrado le propuso un acuerdo: dejarle vivir mes y medio en el que ha sido su domicilio durante tres años para que así pueda buscar otra vivienda. "Es un acuerdo que he firmado y que acato [aclara] pero es el acuerdo que firma alguien desde la indefensión, presionado porque no tiene donde vivir".

Manuel lamenta que el banco no haya querido volver a alquilarle su piso, a pesar de su historial de buen inquilino: desde que hace tres años dejó Madrid y optó por instalarse en Añoreta ha pagado religiosamente 600 euros al mes en concepto de renta. Pero, sobre todo lamenta "que se pueda violar un domicilio, no sé si legal o ilegalmente, sin que exista constancia o indicio de que en su interior se esté cometiendo un delito flagrante".