El Pleno de la Diputación Provincial de Málaga aprobó ayer, con los votos en contra del PP, una moción de IU y PSOE para encargar a la Junta de Andalucía un estudio que cuantifique lo expoliado a Marbella como consecuencia de la operación Malaya. En la iniciativa también se insta a que en los próximos Presupuestos Generales de 2009 se incluya una partida con la que financiar un plan extraordinario de inversiones en infraestructuras en el municipio. La determinación incluye, de otro lado, dar traslado a las direcciones de los partidos políticos a nivel nacional para la firma de dicho compromiso.

Por otra parte, se insta al Ministerio Fiscal; a la Junta, como acusación popular en este caso, y al Ayuntamiento de Marbella, para que "exijan las responsabilidades civiles a todo aquel que hubiera participado a título lucrativo en la comisión de los delitos" y lleven a cabo el decomiso de los bienes, medios y ganancias provenientes del delito, para que se reinviertan en el municipio.

La portavoz de IU en la Diputación, Encarnación Páez, consideró que el Estado no puede hacer "dejación de funciones y deberes en la solución global de lo que ha sido un expolio producido por una minoría contra los intereses generales de la mayoría de la ciudadanía". "Ejercer el poder en forma de dejación de funciones o de inhibición ante una situación de crisis generalizada es dejar abandonados a los ciudadanos ante su propia historia", continuó Páez, para la que es el momento de que las fuerzas políticas hagan un pacto por Marbella y de que antes del 9 de marzo se fije un plan de inversiones.

En el Pleno de ayer, el PP presentó otra moción pidiendo que la institución supramunicipal apoyase la integración "urgente" al Ayuntamiento de Marbella de los bienes y ganancias embargadas y decomisadas en Malaya. La iniciativa fue tachada de "imposible" por el PSOE.