Málaga

Disección sociológica de la élite política

  • Un estudio revela cómo son y cómo se forjan los parlamentarios en España, bajo un sistema de estricta selección por las jerarquías de los partidos

España tiene 17 parlamentos autonómicos que sumados al Congreso y al Senado arrojan la nada despreciable suma de cerca de 1.500 diputados. ¿Cómo son? ¿Cómo han llegado a la élite de la política? ¿Saben de la desafección del electorado? ¿Son representativos de la sociedad? ¿De quién se sienten representantes?

El profesor del Departamento de Sociología de la Universidad de Málaga Antonio Jaime-Castillo ha coordinado junto a Xavier Coller (Universidad Pablo de Olavide) y Fabiola Mota (Universidad Autónoma de Madrid) el libro El poder político en España: Parlamentarios y ciudadanía en el que han participado 25 sociólogos con la misión de desvelar cómo son los parlamentarios españoles.

El trabajo se ha realizado a través de entrevistas a 580 diputados de todas las cámaras durante 2009 y 2010, por tanto no incluye a los representantes de Podemos ni Ciudadanos. El primer aspecto descubierto es que realmente los diputados españoles no son representativos de la sociedad española: tienen más años que la media, un nivel formativo superior y proceden de clases sociales más elevadas. "En muchos casos sus padres han sido directivos de empresas o profesionales. Hay pocos hijos de trabajadores manuales", concluye Antonio Jaime. O, dicho de otra manera, las clases altas están sobre representadas tanto en las Cortes como en las cámaras autonómicas.

El trabajo de campo ha permitido averiguar que quienes alcanzan la élite política proceden fundamentalmente de familias muy politizadas. Es decir, no se trata tanto de que tengan políticos en su familia, que también influye, sino de que su entorno más inmediato durante su infancia y juventud haya sido activo y ellos hayan vivido el debate político muy de cerca en la familia.

Casi sin excepción apuntan que se han dedicado a la actividad pública principalmente por prestar un servicio público, si bien en las formaciones de izquierda también tiene peso el haber participado previamente en movimientos sociales.

Sin embargo, una vez dentro del panel político, ¿por qué unos progresan y alcanzan la élite, o sea los parlamentos, y otros no? La muestra representativa corrobora las sospechas más elementales: "Porque el partido los selecciona", confirma Antonio Jaime-Castillo. Es decir, la carrera política es fruto de la democracia interna de las formaciones, sino a "un proceso de selección jerárquico y sin concurrencia en el que las decisiones son exclusivas de los órganos internos". Esta característica general para todos los partidos, tiene algunas particularidades porque mientras en el PP la decisión está centralizada, en el PSOE responde más a su perfil federal y, en consecuencia, tienen mayor peso los mandos territoriales.

El efecto de este proceso de selección es la disciplina de los parlamentarios. La posición del partido es tan sacrosanta que al ser preguntados consideran que quien discrepe de la dirección orgánica en la toma de decisiones debe abandonar el escaño. Por tanto, aceptan su falta de autonomía, pese a lo cual creen que representan a la población y a su territorio, en vez de al partido.

A partir del tratamiento de los datos obtenidos en las entrevistas, el equipo de sociólogos ha constatado diferencias por partidos relacionadas con la representación que ostentan. Mientras los socialistas entienden que deben promover un proyecto político basado en la ideología, los populares ostentan una posición más pragmática de la política, en el sentido de que el programa se debe adaptar a las demandas de la opinión pública.

Por otra parte, llama poderosamente la atención que en términos generales los diputados de todas las formaciones políticas se sitúan bastante más a la izquierda que sus votantes y, lo que todavía es más significativo, su posición respecto a los nacionalismos es mucho más radical que la de sus electores. Esta característica se ha registrado en todas las formaciones. "Sucede por ejemplo con el Partido Socialista de Cataluña, pero también con los nacionalistas", si bien hay que tener en cuenta que en el momento de realizarse el trabajo de campo la CUP no tenía representación en el Parlamento catalán.

Antonio Jaime-Castillo argumenta que a la luz de los datos recogidos en las entrevistas, que han sido trabajados con las herramientas de la sociología, "los conflictos territoriales son eminentemente políticos". Es decir, el debate en torno a los nacionalismos en España "es un movimiento de arriba a abajo". Estas conclusiones son coherentes con las alcanzadas en otros estudios que advierten cómo los partidos agitan el debate territorial para compensar la pérdida de votos que puedan sufrir por otras cuestiones como la gestión de la economía. "Las formaciones nacionalistas en términos generales son menos castigadas electoralmente porque recurren a ese discurso centro/periferia", puntualiza el investigador.

El trabajo, editado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), ha permitido también constar que la descentralización estatal llevada a cabo desde la Transición no ha calmado las aspiraciones rupturistas de los partidos nacionalistas que, incluso, han ido a más en los últimos años. Es decir, este proceso de descentralización no ha generado consenso. Más bien parece que ha exacerbado las posturas de las minorías nacionalistas y, específicamente, de las élites de los partidos.

La desafección política que ahora parece tan patente tampoco pasaba desapercibida para los parlamentarios en el momento de realizarse el trabajo. Antonio Jaime-Castillo explica que en realidad no es un fenómeno nuevo, sino que comenzó en los 70 y en España, por las particularidades históricas, entre los 80 y 90, hasta alcanzar ahora posiblemente su grado más bajo. Todos, sin distinción del partido al que pertenezcan, culpan a la corrupción de la animosidad social. "Saben que los políticos están mal visto fundamentalmente por la corrupción pero, sin embargo, no se ponen de acuerdo en las soluciones". En la misma línea consideran que la ley de financiación de los partidos no ha sido efectiva para controlar la corrupción, aunque tampoco tienen una idea unánime sobre cómo mejorarla.

Los resultados obtenidos a partir de las entrevistas a los parlamentarios se contrastaron con un estudio de opinión pública realizado en 2012, con la colaboración del CIS, a través del que se palpa la desconfianza "extrema" de la ciudadanía hacia los políticos, así como el convencimiento del electorado de que los diputados realmente representan más los intereses de sus partidos que al electorado.

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios