El juez en comisión de servicio en el Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, Julián Cabrero, ha fijado en 40.000 euros la fianza para que los dos jefes de la unidad antimafia de Málaga encarcelados por presuntas irregularidades puedan abandonar la prisión de Sevilla II. La defensa del inspector de la Udyco Costa del Sol, A.M., expresó su intención de recurrir en los próximos días la decisión del magistrado.

El mando policial ha hecho expresar su desacuerdo con el importe, al considerarlo desproporcionado, y su intención inicial es la de no abonarlo porque mantiene su inocencia y considera que sería como admitir su implicación en hechos delictivos.

El abogado defensor de éste, Alfredo Herrera, declaró su intención de recurrir el auto en las próximas fechas, pues coincide en que la fianza no se ajusta a los delitos imputados. "Es una barbaridad", agregó el letrado, que señaló que "hay miembros de bandas muy peligrosas a los que se les ha pedido únicamente 3.000 euros. Lo que está ocurriendo en este caso es increíble".

La defensa primero presentará el recurso ante el juzgado donde se instruye la causa y, si éste finalmente no es admitido, se acudirá a la Audiencia Provincial.

Las fuentes consultadas no pudieron precisar que hará la defensa del otro procesado, el jefe de la misma unidad antimafia en la Comisaría de Marbella, C.F.

Además, manifestaron que es complicado que los dos agentes puedan hacer frente a sumas tan elevadas al encontrarse en la actualidad suspendidos de empleo y sueldo.

El arresto de los cuatro agentes se produjo el pasado 14 de marzo por parte de efectivos de Asuntos Internos desplazados desde Madrid. Los detenidos pasaron tres días incomunicados en los calabozos, lo que despertó las iras de los sindicatos policiales, que consideraban esta medida desproporcionada y que se estaba tratando a agentes condecorados por su lucha contra el crimen "peor que a delincuentes".

Entre los cargos de los que se les acusa se encuentran tenencia ilícita de armas, malversación, cohecho, contra los derechos fundamentales y omisión del deber de perseguir delitos.