La Fiscalía Superior de Andalucía ha archivado la denuncia interpuesta por UGT-Andalucía, que pidió analizar la distribución de mascarillas caducadas en centros sanitarios, entre ellos los de la Axarquía, al considerar que de las diligencias no se deducen indicios de delito. Según ha informado en un comunicado, el escrito de archivo argumenta que de la denuncia presentada no se deduce la comisión de los delitos expuestos en la denuncia ni consta "la identidad de los verdaderos responsables de tales actuaciones".

El Ministerio Público ha apuntado además que "no se justifica" la apertura de un proceso penal para la investigación de unos hechos meramente sospechosos que por sí mismos pudieran ser constitutivos de delito. Responde así a la denuncia formalizada por la Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT-Andalucía, que pidió el pasado mayo analizar la distribución de mascarillas caducadas en centros sanitarios.

La denuncia de UGT-Andalucía reclamó a la Fiscalía Superior que depurase responsabilidades por el reparto de "miles de mascarillas" caducadas, algunas desde 2014, y responsabilizó a la Junta de suministrar EPI en varios centros de salud de la comarca de la Axarquía.

Los envases tenían tachada la fecha de caducidad con una señal negra

Para fundamentar el archivo de la causa, la Fiscalía Superior también ha recordado que la doctrina indica que el fiscal no interviene antes de la comisión de delito y la necesidad de desechar tanto las investigaciones generales o prospectivas dirigidas a la búsqueda de "algo" que pudiera ser "indicio de delito". El pasado 5 de mayo, la subdirección de Servicios Generales de la Consejería de Salud emitió un informe en el que reconocía el suministro a sanitarios de mascarillas caducadas desde 2015 en la zona, informe que también apuntaba que en los envases de las mascarillas hay una señal negra que oculta la fecha de caducidad.

La resolución de archivo de la denuncia ha sido notificada al secretario general de la Federación de Empleados Públicos de los Servicios Públicos (FESP) de Andalucía de UGT Andalucía, Antonio Tirado, y no permite presentar un recurso pero sí el derecho a ejercitar acciones que fueran procedentes ante el órgano judicial competente.