Málaga

La Fiscalía pide vía directa a la ley de dependencia para mayores maltratados

  • El Ministerio Público investigó en 2007 una cuarentena de agresiones domésticas

La Fiscalía de Violencia sobre la Mujer investigó el año pasado 39 situaciones de maltrato a personas mayores en el ámbito doméstico. Se trata, en la mayoría de los casos, de agresiones continuadas por parte de alguno de los hijos que suele tener un trastorno mental.

Aunque en 2007 se detectaron cinco casos menos que un año antes y hasta 20 menos que en 2005, el Ministerio Fiscal no es optimista: "Podría existir una absoluta impunidad en bolsas ocultas de maltrato a los mayores, al concurrir la ventaja añadida de que el mayor, maltratado, vulnerable nunca denuncia el hecho provocando que el oscurantismo de esta conducta permanezca".

En la mayoría de casos, la víctima mantiene una "dependencia física y emocional con su maltratador o agresores, ya que pueden concurrir varios agresores del mismo entorno".

Todas estas dificultades para llegar a las víctimas son puestas de manifiesto por la fiscal de la sección de Violencia sobre la Mujer, Flor de Torres, de cara a reclamar una mayor coordinación con las instituciones.

La primera traba a la que se enfrenta la Fiscalía al actuar de oficio es la Ley de Dependencia, ya que no puede solicitar para los ancianos víctimas de abusos ningún recurso, como el acceso a residencia, que puede ser vital ante una situación latente de malos tratos. "Nos hemos encontrado con la contrariedad legal de haber interesado en nombre de la persona en situación de riesgo (...) ayudas sociales y haber sido contestados (por la Delegación de Igualdad y Bienestar Social) que esta petición sólo puede ser instada por la persona", se queja De Torres en la memoria de 2007 remitida a la Fiscalía General del Estado. La fiscal advierte que "la persona puede estar bajo algún estado de dependencia y se trata de intervenciones de oficio, con o sin voluntad de la víctima (...) y nula percepción de su situación".

Por todo ello, ha pedido que tanto la Fiscalía, como los servicios sociales comunitarios o el personal sanitario que tengan conocimiento de una situación de maltrato puedan pedir estos recursos para la víctima.

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