La Fiscalía ha solicitado al Juzgado número 3 de Marbella, que instruye un presunto delito de falsedad documental sobre el acta de la sesión plenaria del Ayuntamiento en la que se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2010, que remita la causa al Tribunal Supremo.

El fiscal se opone a que se vuelvan a cerrar las diligencias y considera que hay que darle traslado al Tribunal Supremo para que se investigue a la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, aforada por su condición de senadora, y que presidió dicha sesión plenaria; al estimar que existen "fundados indicios" o "dotados de mínima verosimilitud" sobre la supuesta participación de la alcaldesa.

El ministerio público, en su escrito, sostiene que hay indicios de un presunto delito de falsedad documental.

El fiscal responde a la petición formulada por el abogado de la alcaldesa solicitando el archivo de la causa, en la que alega que el acta de la sesión plenaria no se corresponde fielmente con la grabación de la misma.

Asimismo, sostiene que el asunto sólo se podría imputar al vicesecretario municipal que firmó el documento pero que falleció el mes pasado, única persona investigada.

La petición de la defensa de Muñoz se produjo a raíz de que la Audiencia Provincial de Málaga ordenase, el pasado 15 de marzo, reabrir el caso atendiendo el recurso de apelación presentado por la Fiscalía y el grupo municipal socialista como acusación popular.

De esta forma revocó el sobreseimiento provisional y archivo de la causa que acordó el titular del juzgado de Instrucción número 3 de Marbella, Gonzalo Dívar, el pasado agosto, al considerarlo "precipitado".

El fiscal mantiene la "declaración de extinción de responsabilidad criminal por fallecimiento" respecto al vicesecretario del Ayuntamiento.

Sin embargo, en el caso de Ángeles Muñoz, se opone a la "nueva solicitud de archivo" formulada por su defensa.

Argumenta que si la causa se cerrara iría en contra del auto de la Audiencia de Málaga que ordenó reabrir y que entiende que el sobreseimiento provisional era "precipitado".

Asimismo, indica que hay "sobrados" indicios de la presunta comisión del delito de falsedad, que fueron expuestos de forma pormenorizada en el recurso de apelación contra el auto de sobreseimiento que interpuso el Ministerio Público el 18 de agosto de 2017.

Finalmente, afirma que no se habría "faltado a la verdad" en el pleno del 29 de julio de 2009 si la alcaldesa hubiera "informado al Pleno y sometido a votación una cuestión tan trascendente como la modificación de 22 de los 71 planos" del PGOU de 2010.

De la noticia da cuenta hoy el periódico La Opinión de Málaga, que además señala que el juez ha citado el 13 de junio a los exconcejales del PSOE y del PP Susana Radío y Diego Eyzaguirre, respectivamente, así como a las dos personas que el exvicesecretario municipal identificó como las transcriptoras del vídeo del Pleno.