Málaga

El Gobierno negocia quitar el impuesto de plusvalía si se pierde valor con la venta

  • El secretario de Hacienda confirma que ya se ha trasladado una propuesta a los partidos

El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, confirmó ayer que la sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional y anula parcialmente el pago del impuesto de plusvalía en los casos en los que el valor de la venta de una vivienda sea menor que el valor al que se adquirió se llevará a cabo "a la mayor brevedad posible". "El Gobierno de España tiene que acatar, cumplir y ejecutar la sentencia del Tribunal y esa es la línea en la que estamos trabajando", aseguró Fernández de Moya, certificando, así, que el propietario que venda su casa por menos dinero del que pagó por comprarla no tendrá que abonar ningún tributo.

En declaraciones a los medios previas a la clausura de las Jornadas Andaluzas de Estudios Fiscales, el secretario explicó que ya se había transmitido a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y a todos los partidos políticos con representación parlamentaria una propuesta que modifica los artículos 107, apartados a y b, y 110 de La Ley Reguladora de las Haciendas Locales (LHL), que exigen el pago del vendedor incluso cuando con la venta se produzca una pérdida en el valor de la edificación. "En estos momentos estamos en plena negociación con los grupos parlamentarios y la FEMP acogió de manera favorable la propuesta del Gobierno", apuntó Fernández de Moya.

El secretario adelantó que dicha propuesta, además de modificar los artículos declarados inconstitucionales en mayo por el TC, también incluye elementos "novedosos", como conceder a los ayuntamientos de cada municipio la facultad de comprobar si se produce o no la plusvalía con la venta.

Por su parte, en lo relativo a las conocidas como plusvalías mortis causa, por las que se grava la transmisión de los inmuebles propiedad de un fallecido, el secretario evitó pronunciarse y se justificó diciendo que prefiere hacer referencia únicamente "a aquello que nos exige el Tribunal Constitucional y que el Gobierno de España tiene que acatar".

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