Málaga

El Gobierno dará más poder a los vecinos para frenar el auge de los pisos turísticos

  • Turismo presentó ayer una propuesta que permite a las comunidades de propietarios rechazar viviendas en sus bloques con una mayoría de tres quintos, eliminando así la unanimidad actual

Un grupo de mujeres se disponen a entrar en una vivienda turística en el centro de Málaga. Un grupo de mujeres se disponen a entrar en una vivienda turística en el centro de Málaga.

Un grupo de mujeres se disponen a entrar en una vivienda turística en el centro de Málaga. / javier albiñana

El Gobierno presentó ayer una propuesta que supondrá un frenazo a la proliferación de viviendas turísticas, un fenómeno que en Málaga ha cobrado un especial protagonismo por el peso turístico de la provincia. En estos momentos, si algún propietario quiere destinar su vivienda a alquiler turístico dentro de un edificio lo tiene muy fácil. Solo tiene que registrarla en la Junta de Andalucía y cumplir los requisitos que marca el decreto de 2016. Sus vecinos, aunque no quieran, están atados de pies y manos porque para negarle el permiso hace falta la unanimidad de todos los vecinos y, lógicamente, el propietario o propietarios de los inmuebles turísticos votan en contra. La secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver, propuso ayer que en lugar de unanimidad sea necesaria una mayoría de tres quintos, lo que elimina el veto de los propietarios que destinan sus casas a turistas. Dicho de otra forma, si en un bloque hay, por ejemplo, 50 viviendas, ahora es necesario que los 50 se muestren en contra de que haya viviendas turísticas en su bloque, algo que no ocurre. Si prospera la idea lanzada por el Gobierno, con que 30 vecinos voten en contra ya no se podría alquilar a turistas.

Parece una medida sencilla y, de hecho, el Colegio de Administradores de Fincas de Málaga lleva ya muchos meses pidiéndola, pero no todo es fácil. Para hacerlo es necesario modificar la Ley de Propiedad Horizontal y ese es el objetivo que Oliver le presentó ayer a los representantes de los 17 gobiernos autonómicos y de la Federación Española de Municipios y Provincias. Permitir que haya o no viviendas turísticas es el gran reto de esa modificación, aunque la medida va más allá porque cambiará la unanimidad por una mayoría de tres quintos en todo lo que se consideren decisiones importantes para esa comunidad de vecinos como, por ejemplo, la contratación de porteros o personal de limpieza. Si el Parlamento acaba aprobando esta propuesta serán los vecinos los que tendrán que cambiar los estatutos de sus respectivas comunidades, algo que harán presumiblemente con rapidez en aquellas urbanizaciones donde haya conflicto .

El Colegio de Administradores de Fincas de Málaga aplaudió ayer esta iniciativa, algo lógico teniendo en cuenta que la demandaban desde hace tiempo. "Es una reivindicación que desde la profesión veníamos haciendo en los últimos años. En muchas comunidades de propietarios nos consta que la convivencia se ha hecho casi imposible debido a que los usuarios de las viviendas turísticas causan muchas molestias a los residentes habituales", señaló Fernando Pastor, presidente de la institución, a través de un comunicado de prensa. No obstante, Pastor prefirió mostrarse cauto porque "la situación política ya bloqueó la tramitación de la nueva Ley de Propiedad Horizontal antes de verano, y estas reformas conllevan unos plazos que no sabemos si técnicamente se podrán cumplir". Desde el Colegio de Administradores de Fincas también reclaman desde el año pasado acuerdos más puntuales con ayuntamientos con el objeto de establecer un protocolo que permita a la Policía Local actuar con prontitud en caso de molestias para el resto de vecinos, incluyendo el desalojo de los inquilinos si estos siguen ocasionando problemas a la comunidad de propietarios.

La regulación de las viviendas turísticas lleva aparejada más cosas. Una de ellas es la posibilidad, también planteada por el Gobierno, de modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos para distinguir claramente entre los alquileres turísticos y los de larga temporada.

La modificación de ambas leyes corresponde al Gobierno central, aunque la competencia sobre el control de las viviendas turísticas como tal es de las comunidades autónomas. La entrada en carga masiva de viviendas turísticas, gracias a plataformas como Airbnb entre muchas otras, ha cogido prácticamente desprevenidas a todas las administraciones y hay un auténtico caos. Ni siquiera está bien definido qué es una vivienda turística, con el correspondiente vacío legal, ni se tienen contabilizadas. El Gobierno plantea crear un registro nacional, algo que Andalucía lleva más de dos años haciendo, aunque lo enlaza con Hacienda para evitar el fraude fiscal, uno de los aspectos reclamados tanto por los hoteleros como por los propietarios de viviendas turísticas que declaran sus ingresos por el alquiler.

Todos los actores del sector coinciden en la necesidad de regular las viviendas turísticas, que en zonas como Málaga ya tienen más plazas en comercialización que los hoteles, aunque cada uno tiene sus intereses y el conflicto está garantizado durante los próximos meses.

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios