Ha sido un regalo inesperado para los ayuntamientos traducido en millones de euros, un balón de oxígeno en momentos duros para las arcas locales. El Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, dio luz verde en 2013 al llamado Plan de Regularización Catastral, cuyo objetivo era detectar todos los cambios en inmuebles urbanos y rústicos que no hubieran sido declarados en el catastro. En diciembre de 2015 ya se había concluido en 42 municipios de Málaga cazando 56.123 infracciones. Desde 2015 hasta ahora casi se ha completado el conjunto de la provincia. Solo quedan Campillos y Benahavís y, según fuentes de Hacienda, se terminará este año. De esta forma, tras cinco años de trabajo y peinar 101 municipios de la provincia a falta de contabilizar los dos mencionados, Hacienda ha detectado 87.143 inmuebles urbanos y rústicos sin regularizar. En un 38% de los casos el fraude estaba motivado por ampliaciones y rehabilitaciones sin declarar, en un 34% han sido nuevas construcciones, en un 21% reformas y cambios de uso y en el 6% restante la construcción de piscinas, según detallan desde el organismo público.

Esa regularización catastral implica que el inmueble vale más y, por tanto, debe abonar más impuesto de bienes inmuebles (IBI), el principal alimento de la mayoría de municipios. Hacienda estima que el incremento medio del recibo del padrón del IBI en la provincia malagueña ha sido del 1,9%, una cantidad que en grandes localidades no es para tirar cohetes pero que ha sabido a gloria en municipios más pequeños. Hay que tener en cuenta que la regularización implica una tasa de 60 euros, el aumento de la factura del IBI para el inquilino y la obligatoriedad de abonar los retrasos de los últimos cuatro años, entre otras posibles afecciones en el IRPF.

Fernando Fernández, alcalde de Coín, está encantado con esta regularización que, en su municipio, ha afectado a 1.967 inmuebles. "Hay gente que se ha enfadado pero es de justicia que todo aquel que tiene una edificación no declarada y que no estaba pagando lo haga porque recibe servicios públicos y no contribuye de la misma forma a su mantenimiento que otros vecinos", apunta el regidor, que detalla que esta medida le permitió ingresar dos millones de euros más en las cuentas municipales. En 2014 el ayuntamiento de Coín recaudó 5,7 millones de euros en concepto de IBI y en 2015, cuando se regularizaron todos esos inmuebles, el ingreso pasó a ser de 7,6 millones de euros porque había que contabilizar además los cuatro años anteriores que no habían sido abonados. "Recibimos casi dos millones de euros sin esperarlo y fue un punto de inflexión que nos permitió realizar proyectos en el municipio que no hubiéramos podido de otra forma", señala Fernández. La regularización, además, ya queda reflejada para el futuro. De esta forma, el ayuntamiento coíno ingresó en 2017 un total de 6,9 millones de euros de IBI, 1,2 millones más que antes de la regularización y ya sin el efecto de la retroactividad.

En la vecina localidad de Cártama -en la que se han pillado 1.865 infracciones- su alcalde, Jorge Gallardo, no tiene aún contabilizado el ingreso por esta regularización, aunque explica que este ayuntamiento percibe 1,8 millones de euros por IBI "y habrá subido en torno a 60.000 euros". Gallardo asegura que "los valores catastrales en Cártama se cambiaron en el año 2000, antes del boom inmobiliario, por lo que se cobra un IBI incluso bajo".

Málaga capital es el municipio con mayor población de la provincia y, por tanto, el que tiene más inmuebles y en el que se han hecho más revisiones. Hacienda ha investigado la situación de 408.886 inmuebles en la capital de los cuales 391.448 eran urbanos y 17.438 rústicos. Finalmente se han regularizado 13.050. Es el volumen más alto de la provincia, pero no desde un punto de vista porcentual pues representa el 3,2% del total mientras que en Antequera, por ejemplo, se ha cazado al 8,8% de los inmuebles analizados. "La revisión catastral ya está asumida en los presupuestos de ingresos y me gustaría señalar que, en materia de IBI, Málaga está muy por debajo de la media de otros municipios y que ocupamos la posición 46 de las 52 capitales españolas", subraya Carlos Conde, concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Málaga.

El segundo municipio más grande de la provincia es Marbella. En esta localidad Hacienda inspeccionó 174.514 inmuebles y halló irregularidades en 1.039, el 0,6% del total. Fuentes del ayuntamiento marbellí explican que, ante un porcentaje tan bajo de infracciones, "la incidencia fue mínima dado que el catastro se lleva muy al día y supuso un incremento de la cuota del IBI de 404.854 euros, menos de un 2% del total".

A pocos kilómetros, en Estepona, se detectaron 2.884 irregularidades catastrales, el 3,5% del total, correspondiendo en más del 40% de los casos a ampliaciones y rehabilitaciones fraudulentas. Manuel Aguilar, teniente de alcalde del área de Hacienda, afirma que "esta regularización por parte del Ministerio de Hacienda es un complemento y una continuidad a lo que el equipo de gobierno municipal lleva realizando desde 2011. Desde el primer día, el departamento de gestión catastral adscrito al área de Hacienda se puso a trabajar para hacer aflorar los inmuebles que no estaban dados de alta; con la máxima de que si son más los contribuyentes que pagan, se conseguirá que cada uno pague menos cantidad de impuestos". El concejal asegura que el IBI en Estepona se ha reducido un 17% desde 2011 y que la regularización supone un ingreso extra de 400.000 euros al año.

En Rincón de la Victoria, su alcalde, Francisco Salado, está de acuerdo con la regularización "porque es un mayor ingreso y es un acto de justicia social porque la gente debe tributar por lo que realmente tiene". Víctor Navas, alcalde de Benalmádena, se muestra en contra. "Tras esta medida que aumentará la tasa impositiva a través del catastro se vislumbra un nuevo ejemplo del afán recaudatorio que ha caracterizado al Gobierno de Mariano Rajoy, que también encontramos con otras medidas como obligar a las familias más necesitadas a declarar las subvenciones o ayudas que reciben. En lugar de iniciativas que van a perjudicar la economía doméstica de los ciudadanos, el Gobierno podría mejorar la financiación de los ayuntamientos, en los que actualmente seguimos generando un superávit que no podemos gastar", remarcó. En Benalmádena se han puesto 1.509 sanciones, el 1,9% del total. En Torremolinos se han abierto 1.524 expedientes y, según indican fuentes municipales, el valor catastral del IBI pasó de 3,6 millones a 4,1 millones tras la regularización. "Se ha garantizado que la realidad inmobiliaria se refleje fielmente en el catastro", remarcan.