El presidente de la Audiencia de Málaga, Francisco Javier Arroyo Fiestas; el fiscal jefe, Manuel Villén, y el decano de los jueces de Málaga, Manuel Caballero Bonald, coincidieron en la necesidad de crear juzgados especializados en delitos económicos, incluidos asuntos relacionados con el urbanismo, debido a las características que presenta la provincia.

Así, Arroyo Fiestas estimó que estos jugados deberían hacerse cargo de asuntos de delincuencia económica, como delitos socioeconómicos y societarios, los relacionados con el urbanismo y el blanqueo de capitales. "Lo mismo que se han creado los juzgados de lo Mercantil en el ámbito del derecho privado, en el ámbito penal se necesitaría lo mismo", apuntó.

"Y más si tenemos en cuenta que hoy en día el 80 por ciento de las comisiones rogatorias o peticiones de colaboración internacional que se reciben en España sobre blanqueo de capitales llegan a Málaga", dijo el presidente de la Audiencia, quien recordó la reunión celebrada en La Haya, en la sede de Eurojust en esta materia, que estuvo centrada en Málaga y la Costa del Sol.

Asimismo, consideró que este tipo de órganos judiciales "no serían una novedad, porque otros países como Francia o Alemania los tienen". Por tanto, insistió en que es "una necesidad" esa especialización en los jueces, puesto que "por parte de la judicatura no se ha dado una respuesta ni una organización de los juzgados en este sentido".

En este punto, precisó que para la creación de estos órganos sería necesaria una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), lo que, según dijo, "es factible, sólo hace falta que el Ministerio de Justicia y el Consejo del Poder Judicial coincidan en esa necesidad".

Además, estimó que estos juzgados deberían ser "de ámbito provincial" y, aunque "no habría que hacerlo en todas las provincias, en Málaga sería prioritario", al incidir en que "son delitos muy complejos y por eso requerirían medios de auxilio o cooperación por parte de la Agencia Tributaria o auditores".

Arroyo Fiestas precisó que por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sí se ha atendido esa especialización, al igual que ocurre con la Fiscalía.

A este respecto, el fiscal jefe, Manuel Villén, señaló que para el ministerio fiscal "la especialización es más fácil porque es una decisión del fiscal general del Estado". De hecho, dijo, "desde el año 1997 o 1998 en Málaga, por decisión del fiscal jefe provincial hay un representante especializado en delitos contra la ordenación del territorio". Villén apostó por juzgados "fundamentalmente especializados en delitos contra la criminalidad organizada", que englobaría, a su entender, delitos económicos y contra la hacienda pública, "que, en la actualidad, se cometen por organizaciones estructuradas"; pero también asuntos de medio ambiente, relacionados sobre todo con la ordenación del territorio.

Entendió "conveniente" esta especialización de los jueces, para que "no estuviesen atiborrados de otros casos y distraídos por la celebración de juicios de falta y sobre delincuencia común".

Por su parte, el juez decano de Málaga, Manuel Caballero Bonald, se mostró "totalmente partidario" de crear juzgados especializados en delitos económicos, incluido sobre todo el de blanqueo de capitales, por "la cierta habitualidad en la Costa del Sol", aunque afirmó que también podrían asumir asuntos por delitos contra la ordenación del territorio.