La delegada provincial del Gobierno andaluz, María Gámez, señaló que "es difícil entender el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella parcialmente o analizar la situación de 80 viviendas y un hotel", en referencia a las construcciones de la urbanización Guadalmina cuya demolición ordena una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). A su juicio, es necesario verlo "como un sistema que puede tener el aval legal desde el punto de vista que se compensa a la ciudad".

Gámez, que precisó que la premisa de la Junta de Andalucía es el respeto a las resoluciones judiciales, afirmó a Europa Press que, aunque el PGOU marbellí aún no ha sido aprobado definitivamente por el Ejecutivo andaluz, éste "avalaría un sistema donde se entienda la aprobación del Plan como un todo con sus correspondientes compensaciones". De hecho, incidió en que hay determinadas construcciones que "se quedan al margen del ordenamiento y no será posible ni siquiera su compensación."

En este sentido, dejó claro que "las construcciones que se pueden entender ahora dentro del ordenamiento no es porque gratuitamente se quieran legalizar, sino porque en un sistema general se compensa a la ciudad con aquello que ha perdido, de equipamiento y zonas verdes". "Sólo así se entiende que un plan sea coherente", subrayó.

"Únicamente bajo esa óptica de compensar al municipio por aquello que no recibió como consecuencia de construcciones al margen de la legalidad se pueden entender legalizables unas construcciones", declaró la delegada del Gobierno andaluz en Málaga.