El compromiso era que los chiringuitos fueran competencia de la Junta de Andalucía a principios de este año, pero a final no lo será hasta enero del año que viene. A partir de entonces el Gobierno central cederá al andaluz la gestión de sus costas. Al menos en lo relativo a las concesiones sobre el uso del dominio público marítimo-terrestre que tradicionalmente ha sido ocupado por los chiringuitos como reclamo turístico.

Así lo explicó ayer en Estepona el secretario de Estado de Política Territorial, Gaspar Zarrías, quién anunció que durante este mismo mes se celebrará en Málaga la comisión mixta de transferencias y que será el pistoletazo de salida para la recta final del proceso de transferencia que comenzó en junio del año pasado.

El objetivo, según Zarrías, es que a partir de enero de 2011 "todo el sistema de autorizaciones y demás actuaciones que tiene que llevar a cabo la administración ya no las haga el Estado si no la Junta de Andalucía".

La culminación de la prometida transferencia llega con un año de retraso, pero los empresarios de playa creen el resultado final merecerá la pena. El presidente del colectivo en la provincia de Málaga, Manuel Villafaina, está convencido de que la tramitación de las concesiones que aún están pendientes de  negociar será "más rápida, más cercana y seremos mejor tratados porque la Junta de Andalucía conoce más nuestro problema".

Sin embargo, los propietarios de los chiringuitos que aún no han conseguido la concesión que les permitirá continuar con su actividad en el futuro aún tendrán un largo camino por recorrer. La mayoría de los ayuntamientos costeros de la provincia han terminado hace apenas unas semanas de entregar a la Demarcación de Costas el plan por el que solicitan la ubicación de todos los establecimientos que actualmente hay en sus municipios.

Hasta ahora, únicamente se ha concedido la autorización a 90 chiringuitos de Málaga capital, Algarrobo, Casares y Rincón de la Victoria que podrán desarrollar su actividad sin problema en los próximos 15 años. Otras 65 concesiones, según Villafaina, se están negociando en estos momentos con el organismo todavía dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, mientras que los empresarios malagueños calculan que quedarán aún alrededor de 70 que serán negociados directamente con la Junta de Andalucía una vez que asuma las competencias en la materia.

Los chiringuitos de Estepona han sido de los últimos en tener que recibir la autorización del Costas para ocupar la arena. Ayer mismo llegaron los permisos al Ayuntamiento, por lo que en los próximos meses se espera que comiencen los trabajos de construcción de los nuevos establecimientos que serán de obra frente a los actuales de madera.

El alcalde de Estepona, David Valadez (PSOE), subrayó el hecho de que el municipio al que representa "es uno de los primeros en tener expedito el camino para el mantenimiento de estas instalaciones sobre la arena", a lo que añadió que se continúa trabajando en la adjudicación de los establecimientos de playa  que se instalarán sobre parcelas municipales.

Los empresarios confían en que el proceso de adaptación por el traspaso de competencias no retrase la tramitación de las autorizaciones que siguen pendientes y que a lo largo del año que viene se puedan concretar. Este proceso de regularización se remonta a marzo del año pasado cuando el Gobierno central anunció de forma inesperada su intención de endurecer la aplicación de la Ley de Costas después de llevar más de 20 años en vigor.

El revuelo que generó el plan del Ministerio de Medio Ambiente en la provincia movilizó a todos los empresarios, partidos políticos e incluso a la propia Junta de Andalucía que defendían los chiringuitos como parte de la identidad de la Costa del Sol.

Fue tal la presión que ejerció el sector que Costas se comprometió a estudiar caso a caso para no afectar a todos los chiringuitos por igual. Lo que sí debían de cumplir es que no superaran los 150 metros cuadrados y que estuvieran separados entre sí por 200 metros.

Pero la aplicación de legislación vigente únicamente afectará al final a una treintena de establecimientos que sí tendrán que adaptarse e incluso cambiar su ubicación actual. El resto, o lo que es lo mismo casi 300, podrán continuar en la misma situación que hasta ahora una vez que la Demarcación de Costas les autorice la concesión que llevan más de dos décadas esperando.

Marbella es el municipio donde más cambios se tendrán que llevar a cabo en los establecimientos ya existentes.