La Junta de Andalucía está a punto de aprobar el plan especial con el que persigue impulsar la construcción de alrededor de 5.000 viviendas de protección oficial (VPO) en los suelos de Lagar de Oliveros y Soliva Norte, en la zona de Puerto de la Torre, a las que se sumarían otras cerca de 3.000 de renta libre. El documento, elaborado por la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA), está a la espera de recibir el visto bueno por parte de la Dirección General de Ordenación del Territorio, algo que podría producirse, según fuentes cercanas a la Administración autonómica, a corto plazo.

La apuesta del Gobierno andaluz pasa no por ejecutar grandes moles de cemento, sino por inmuebles de un tamaño medio de planta baja más cuatro alturas. No obstante, la iniciativa, concretada de manera inicial en el Plan de Ordenación Territorial (POT) de Málaga y su área metropolitana, choca con las aspiraciones del Ayuntamiento de Málaga, que también busca convertir estos terrenos en la gran bolsa de suelo de vivienda protegida de la capital de la Costa del Sol. Aunque los parámetros de edificación que baraja el Consistorio son algo inferiores, puesto que prevé 3.135 VPO y 1.824 de renta libre. Pero aunque ambas administraciones parecen perseguir el mismo objetivo, el asunto se ha convertido en motivo de confrontación en los últimos años.

Las fuentes consultadas precisaron que las cifras de viviendas previstas por la Junta aún no están determinadas con exactitud, aunque subrayaron que la idea que se baraja es que los más de 1,5 millones de metros cuadrados reservados para esta actuación asuman una densidad semejante a la de sectores ya desarrollados o a punto de hacerlo en esta parte de la ciudad. En este sentido, aludieron a espacios como Sánchez Blanca, donde dibujan 51 viviendas por hectárea; el SUPT-8 Universidad, con 54 viviendas por hectárea; Hacienda Cabello, con 55 viviendas, cifra semejante a la de Torre Atalaya.

Tomando como válidos estos parámetros, en caso de que la opción final estuviese por encima de las 50 viviendas por hectárea, frente a las 37 de la propuesta municipal, el resultado rondaría las 8.000 viviendas, de las que, según las determinaciones de la Administración autonómica, al menos el 62%, casi 5.000, irán destinadas a protección oficial.

Más allá de los roces entre instituciones, la gran duda a la que se enfrenta la iniciativa de la Junta es la respuesta que dará la decena de propietarios de estos terrenos, entre los que se encuentran promotoras como Prasa, Osuna, Martinsa y la entidad financiera Cajamar. La Junta inició hace algunos meses conversaciones con ellos para tratar de formalizar un convenio de colaboración por el que, a cambio de aceptar los parámetros de VPO exigidos, recibirían un aprovechamiento urbanístico para vivienda de renta libre.

Tras las primeras conversaciones, y a la espera de que se culmine la primera fase de la tramitación del área de reserva, las fuentes señalaron la buena disposición mostrada por los propietarios y recordaron que la intervención diseñada permitiría actuar en los terrenos de Lagar de Oliveros y Soliva Norte "en un par de años, sin necesidad de esperar a que esté completamente tramitado el PGOU de la ciudad". Asimismo, informaron de que desde EPSA se le ha hecho un ofrecimiento al Ayuntamiento para que participe, "en el porcentaje que estime oportuno", en este proyecto.

Cabe recordar que originalmente, el Ayuntamiento había impulsado un área de reserva en Lagar de Oliveros que ha dejado en suspenso el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) tras la reclamación que hicieron los propietarios del sector. El mismo recurso fue presentado contra la delimitación de la Junta, aunque de momento no se ha resuelto. La Administración autonómica confía en hallar un acuerdo con los afectados y que el contencioso quede en nada.