La herramienta urbanística de la que se ha dotado la Junta de Andalucía para poner coto a la construcción en los terrenos localizados en los primeros 500 metros del litoral toca de lleno a más de 3.000 viviendas en la provincia de Málaga. Todas ellas proyectadas por los municipios de Manilva (303 viviendas), Estepona ( 321 viviendas) y Vélez (2.448) en nueve sectores, si bien es esta última localidad la más afectada por la iniciativa regional, con siete parcelas. A estas se agrega una octava (La Sierresuela) en la que no queda comprometido su desarrollo, si bien los técnicos proponen la revisión de los parámetros urbanísticos. El Plan de Protección del Litoral, al que el Consejo de Gobierno dio luz verde la semana pasada, pretende salvaguardar del ladrillo estos terrenos aún sin edificar y que suman una superficie global de 166,87 hectáreas.

De las nueve delimitaciones, cinco tienen la consideración de suelos urbanizables sectorizados (SUS), con 70,27 hectáreas y 1.248 viviendas programadas; mientras que los cuatro restantes son suelos no urbanizables sectorizados (SNUS), con 96,6 hectáreas y unas 1.800 viviendas planteadas. Las condiciones de planeamiento de estos espacios obligan a, previo a la puesta en carga de los mismos, impulsar la ordenación detallada de los mismos, en el caso de los sectorizados, mientras que los no sectorizados son de desarrollo a medio y largo plazo.

El resultado final, al que tuvo acceso este periódico, rebaja la cifra inicialmente prevista de terrenos que se pretendía salvar de la construcción, dado que antes de ser objeto de información pública, el citado planeamiento afectaba de lleno a 13 sectores, con capacidad para 3.961 viviendas. Tras la presentación de las alegaciones por parte sobre todo de los ayuntamientos inicialmente implicados, han quedado liberados de las limitaciones autonómicas poco más de 900 viviendas y cuatro terrenos. Destaca en caso de Torrox, que en las primeras líneas de acción de la Junta queda afectado por la protección litoral en tres sectores, con unas 3.000 viviendas. Tampoco aparecen en esta ocasión localidades como Mijas y Casares.

Todos estos espacios seleccionados para su protección aparecen recogidos con la figura de zonas litorales de protección territorial 2, al ser terrenos que cuentan con valores naturales, paisajísticos o agrícolas, y que permiten la conectividad de la costa con el interior. Aunque se apunta la necesidad de que los mismos sean recogidos en los planeamientos como suelo no urbanizable de especial protección o como sistema general o local de espacios libres, se autorizan construcciones e instalaciones necesarias para la explotación agraria, las actuaciones vinculadas a adecuaciones recreativas y las demás actuaciones de interés público para infraestructuras, instalaciones recreativas, de ocio o turísticas como edificaciones de restauración, hoteles, campings o las dotaciones turísticas o deportivas ligadas al uso de la playa.

A esto se añade un nuevo epígrafe, según el cual, de manera "excepcional y de forma justificada", los instrumentos de planeamiento "podrán incorporar al proceso urbanístico los suelos incluidos en esta categoría". Para aplicar esta posibilidad deben "resultar imprescindibles para satisfacer la demanda de crecimiento de los núcleos ubicados en su ámbito, cuando no sea posible satisfacer fuera del ámbito del plan en contigüidad, así como para completar la estructura urbana de los núcleos existentes".

Los datos recogidos por los técnicos redactores del Plan de Protección del Litoral, tras el estudio y aceptación de parte de las alegaciones que fueron formuladas al documento inicial, constata que las 14 localidades costeras malagueñas llegan a proyectar en sus planeamientos urbanísticos la construcción de 58.684 viviendas en terrenos situados dentro de los primeros 500 metros del litoral, cifra que supone casi el 19%de la bolsa residencial total contemplada en estos mismos municipios.

Esta cifra hace del litoral malagueño el segundo con una previsión más alta, sólo por detrás de Almería, donde se plantean 61.311 viviendas. Desde el punto de vista urbanístico, en el caso de Málaga, las 33.508 unidades residenciales están enmarcadas en sectores urbanizables ordenados (1.422,63 hectáreas), es decir, que cuentan con los instrumentos precisos para entrar en carga de forma inmediata. El resto se divide entre suelo urbanizable sectorizado (que precisa de ordenación detallada), con 8.165 unidades (615,11 hectáreas), y suelo urbanizable no sectorizado (de desarrollo a medio y largo plazo), con otras 17.011 viviendas (899,44 hectáreas).

Estas previsiones municipales chocan con la colmatación que existe en esta parte del territorio, como bien reflejan los números recogidos en el documento autonómico. El mismo muestra la evolución de la ocupación de los primeros 500 metros del litoral malagueño en los últimos 60 años. La información deja en evidencia la masificación sufrida entre los años 1956 y 2009. Mientras en el primer hito temporal eran 800 las hectáreas ocupadas dentro de los primeros 500 metros del litoral, de un total de 8.232, en 2009 eran 5.492, lo que supone casi el 67%. El incremento registrado entre ambos periodos ha sido del 584%.