El delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Marcos, reconoció ayer sentir cierta "preocupación" e "inquietud" por el hecho de que delitos presuntamente graves, como las decenas de causas urbanísticas de la era GIL en Marbella, puedan concluir "con pactos y con penas mínimas". "Socialmente no se va a entender y puede dar la sensación de que se actúa con cierta impunidad", argumentó.

Es la primera impresión de Marcos tras conocer que la Fiscalía, con la intención de agilizar los procedimientos dado el límite legal de cumplimiento de condena que existe por los delitos conexos, negocia con los abogados de los ex ediles del GIL -entre los que está Julián Muñoz- un trato para que los casos no se eternicen en los juzgados de Málaga. El delegado de la Junta precisó que desconoce en qué términos avanza el Ministerio Público y que no hará un juicio de valor al respecto porque "tendrá sus motivos y razones", aunque confió en que el resultado final "sea satisfactorio y socialmente entendible".

Los delitos contra la ordenación del territorio en Marbella, más de medio centenar investigados en distintos juzgados, se consideran delitos conexos, es decir, por ley tienen un tope de cumplimiento de condena, que es el triple de la pena mayor que fija el Código Penal. El artículo 320 es el que contiene este tipo de delito y establece un máximo de dos años de cárcel, por lo que ese límite de cumplimiento sería de seis años de prisión.

Es decir, por muchos juicios que se celebraran, llegaría un momento en que no servirían de nada porque no se pueden rebasar esos seis años, motivo que ha animado al Ministerio Público a alcanzar un acuerdo, a instancias de los letrados, por "economía procesal". Eso sí, las partes deben concretar qué pena imponen a los acusados, que puede ser de seis años o incluso inferior. Fuentes jurídicas sostienen que el trato podría sellarse en tres años. Los ex concejales asumirían la culpabilidad del delito, reconocerían los hechos delictivos y por cada causa sumarían una condena de cárcel, aunque en la práctica cumplirían sólo la pena acordada.

Marcos reiteró varias veces que desconoce la marcha y el motivo de las negociaciones, aunque también insistió en que el resultado final por la concesión de licencias ilegales en Marbella, las que han conducido a la multitud de procedimientos penales por un delito contra la ordenación del territorio, invita a pensar "que se puede actuar con cierta impunidad", que "se abre la veda para que se puedan cometer delitos de esa magnitud". "Puede dar la sensación de que no es tan grave cometer irregularidades urbanísticas", aseveró. Mostró varias veces su "inquietud" por el asunto.

La clave está en considerar que se trata de delitos conexos: es el mismo Ayuntamiento, son los mismos ex ediles, se trata del mismo delito y existe idéntico ánimo delictivo. Fuentes judiciales informaron ayer de que la Junta de Magistrados de la Audiencia Provincial de Málaga adoptó a principios de 2007 un acuerdo para considerar conexos los delitos urbanísticos de Marbella, aunque no continuados, lo que descarta un macroproceso para juzgar de una sola vez las decenas de causas, algo que es "imposible".

Las fuentes ponen un ejemplo muy gráfico. "Si una persona comete 18 robos de 18 coches en una misma noche, se trata de un delito continuado; si aborda esos 18 robos de los 18 coches en, por ejemplo, cuatro o cinco días, es un delito conexo".

El acuerdo de los magistrados se adoptó para "unificar criterios" y que no hubiera resoluciones contradictorias en las distintas salas penales de la Audiencia Provincial, a donde ya habían empezado a llegar recursos sobre la acumulación de casos. Las fuentes concluyeron que debido al límite legal de cumplimiento de condena, la negociación de la Fiscalía "parece razonable".

Curiosamente, unos meses antes, en octubre de 2006, la Audiencia Provincial anuló la resolución de un juzgado de Marbella de unir en un solo procedimiento 14 causas por delito urbanístico por licencias concedidas entre mayo de 1995 y julio de 2003, por lo que afectaba a concejales de dos corporaciones diferentes. La decisión del juzgado de instrucción fue recurrida por la Fiscalía y fue revocada por la sala, que hizo la observación de no concurría "conexidad".

Varios abogados consultados ayer por este periódico consideran que sí hay conexidad entre los delitos. El penalista Carlos Larrañaga añade, incluso, que podría considerarse un delito continuado. De momento se desconoce cómo se llevaría a la práctica el acuerdo entre la Fiscalía y los abogados, aunque Larrañaga precisa que la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC) establece un único procedimiento para cada uno de los imputados. Al letrado también le parece lógico que se intenten agilizar los procedimientos de Marbella.

La alcaldesa de este municipio, Ángeles Muñoz, mostró ayer su respeto por los procedimientos judicial e indicó que la preocupación del Ayuntamiento es restituir lo que se ha saqueados durante los años de gobierno del GIL.