Las numerosas reclamaciones que en los últimos meses vienen haciendo los empresarios y los ayuntamiento situados en las márgenes del río Guadalhorce ante la afección del plan de inundabilibidad trazado por la Junta de Andalucía caen en saco roto. El Gobierno andaluz dio luz verde hace apenas una semana al Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, de la que forma parte la del Guadalhorce, sin tomar en consideración las alegaciones formuladas por los colectivos afectados.

De las 249 sugerencias presentadas a este planeamiento, apenas 56 son tenidas en cuenta total o parcialmente, sin que entre las mismas se incluyan, por ejemplo, las de los polígonos industriales de la capital o las de los ayuntamientos de Málaga y Álora, según informó ayer el diario Sur. De la lectura de las respuestas dadas a las citadas interpelaciones se extrae la conclusión de que la modificación en los aspectos más polémicos del informe autonómico es nula.

Ejemplo de ello, es que el documento no precisa en ninguno de sus apartados las medidas concretas que han de materializarse en los sectores incorporados dentro de la mancha inundable ni qué administración ha de asumir la responsabilidad para su ejecución y financiación. Un aspecto sobre el que vienen incidiendo desde hace meses colectivos como la Asociación de Polígonos Industriales de Málaga (Apoma), que denuncia que las zonas inundables marcadas en los nuevos estudios regionales afectan al 70% de los espacios industriales de la capital.

El presidente de este colectivo, Sergio Cuberos, insistía ayer en la necesidad de que se concreten las medidas con las que corregir el riesgo de inundabilidad y que las mismas sean abonadas por las administraciones públicas. Asimismo, reclamó "una moratoria" para que los efectos del plan no impidan los trámites de licencias de obras o de apertura hasta que se materialicen los tareas paliativas. Cuberos incluso informó de que se ha pedido la participación directa de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, mediante una carta, contemplándose incluso la petición de una reunión.

"Es una aberración que nos dejen como estábamos", criticó Cuberos, quien se quejó de que los encuentros mantenidos en los últimos meses han servido "para nada". "Nos dejan al pie de los caballos", arremetió contra la Junta, al tiempo que aseguró que en este escenario "la única vía que nos queda es la judicial; no nos queda otra que tener que defendernos si esto se mantiene de este modo".

En el más reciente encuentro mantenido por los empresarios y la Junta, que tuvo lugar el pasado verano, la Administración regional aceptó como proyectos a tomar en consideración para rebajar la peligrosidad por inundación en el río la del actual puente de la Azucarera y su sustitución por otro de mayor calado; la mejora de las condiciones de drenaje del canal existente en la margen izquierda, y la ejecución de una especie de muro de "metro y medio o dos metros" en este mismo lateral.

En respuesta a uno de los alegantes, que denuncia la vulneración del Real Decreto sobre gestión y riesgos de inundación al no fijar medidas "que contemplen las limitaciones de los usos del suelo planteadas para la zona inundable", la Junta señala que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística "no podrán incluir determinaciones que no sean compatibles con el contenido de los planes de gestión del riesgo de inundación, y reconocerán el carácter rural de los suelos en los que concurran dichos riesgos de inundación o de otros accidentes graves".