El asunto clave de la financiación del Metro de Málaga se abre, por fin, a discusión. Casi siete años después de que entrase en funcionamiento el suburbano de la capital y casi 15 desde el inicio de los trabajos sobre el terreno, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento se han empezado a sentar a la mesa para clarificar los detalles económicos y las obligaciones que cada una de las dos administraciones tiene que asumir en lo que a los costes de explotación se refiere.

Desde el inicio de las operaciones del ferrocarril urbano, el grueso de la factura derivada de su funcionamiento y de las subvenciones aportadas para minimizar el impacto real sobre los viajeros ha recaído en solitario sobre el Gobierno andaluz. Y la losa ha sido mayúscula, ya que alcanza los 451 millones de euros hasta el cierre de 2020. Es decir, en este intervalo, el Ayuntamiento ha aportado cero euros a la financiación del Metro. Y ello a pesar de que, según el convenio original del proyecto, que data de 2003, estaba obligado a costear el 25% la explotación.

¿Cuál es la posición del Gobierno andaluz en este momento? Según anunció la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, a Málaga Hoy, el Ayuntamiento sí va a tener que responder por los compromisos económicos contraídos en su momento pero no en la dimensión económica derivada del coste actual del proyecto. En este sentido, es clave la decisión de cobrarle sólo por los viajeros reales transportados por el ferrocarril urbano y no por los previstos en el contrato de concesión.

Esto supone una diferencia económica considerable. Aplicando la fórmula original a los costes globales del Metro, 451 millones, la aportación que tendría que realizar el Consistorio por estos siete años sería de unos 112,7 millones. Sin embargo, la solución final rebajará de manera clara esta suma, al desligar a la Administración local de los "sobrecostes" generados por los continuos retrasos en la terminación de la obra y, por tanto, en la entrega de los tramos a la empresa concesionaria.

Un grupo de pasajeros se baja del Metro de Málaga.

Aunque no están aún fijadas las cuantías finales, la previsión es que se tome como referencia la denominada tarifa técnica del Metro, que puede rondar los 4 euros, en los años ya transcurridos desde su inauguración. En este intervalo han hecho uso de este medio de transporte algo más de 34,7 millones de pasajeros. Aplicando los 4 euros por viajero, el montante alcanzaría casi los 139 millones de euros, de los cuales el 25% corresponderían al Ayuntamiento. Esto es, unos 34 millones.

Carazo precisó que esta es la posición de partida de la Junta. "No nos parece justo cargar al Ayuntamiento el periodo transitorio en el coste de explotación motivado por el retraso de las obras; los malagueños no pueden pagar la ineficacia y la nefasta gestión del Gobierno socialista de la Junta", expresó la consejera, para la que "es de justicia partir de esta premisa". "Si el Gobierno anterior fue incapaz de completar la obra en el tiempo que le correspondía, los malagueños no pueden pagar los platos rotos", sentenció.

De hecho, incluso informó de que la decisión ya ha sido comunicada al alcalde, Francisco de la Torre, quien desde hace años venía defendiendo la necesidad de que no se cargase sobre el presupuesto del Ayuntamiento las numerosas variaciones en costes y plazos del Metro. "Le he confirmado que analizando todo, desde el punto de vista jurídico y técnico, la decisión es la de no contemplar el retraso", comentó la consejera.

Tomando en consideración el actual escenario del Metro, el planteamiento de la Junta excederá con mucho el tiempo ya transcurrido de funcionamiento del suburbano. Es clave para ello tener en cuenta el contenido de la última modificación del contrato del suburbano, firmada a finales del pasado año. La actualización del marco contractual fue necesaria, entre otras razones, por un nuevo incumplimiento en la culminación de los trabajos del suburbano. De acuerdo con el pacto anterior, los mismos tendrían que haber quedado completados en noviembre de 2020, haciendo posible que el Metro alcanzase una demanda potencial cercana a los 21 millones de pasajeros.

En el compromiso ahora asumido por las dos partes se alarga hasta al menos finales de 2027 el citado periodo transitorio, que es cuando se espera pueda llegar el trazado soterrado hasta el entorno del Hospital Civil. Conforme a este detalle, será al menos hasta ese momento cuando al Ayuntamiento se le cobre solo por los viajeros reales. Eso siempre que antes no se alcance la demanda pactada con los socios privados.

El camino ahora iniciado con Málaga es semejante al que Fomento tiene intención de recorrer con los otros municipios beneficiados por la construcción de los otros dos metros andaluces en las provincias de Sevilla y Granada. "Ningún ayuntamiento pagó ni les fue reclamado por la Junta", señaló.

"Es un asunto que tenemos que abordar con todos; nuestra obligación es reclamar pero con la voluntad de llegar a acuerdos respecto a la liquidación", insistió Carazo. En este marco de cooperación, la consejera habló de "facilitar los mecanismos" para que se sufraguen esas aportaciones. "Son fórmulas a explorar, pero el objetivo es clarificar esos números; no nos podemos desentender", agregó. Una cuestión que está siendo objeto de análisis con la Consejería de Hacienda.