Aunque ayer, y según las últimas informaciones de la organización Andalucía Acoge, el bebé de poco más de un año aún continuaba con sus padres en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), en Capuchinos, un auto emitido el 12 de febrero por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Motril advierte a los Servicios de Protección de Menores para que este pequeño que permanece recluido desde el pasado 2 de febrero sea trasladado a un lugar con garantías. Por ello, se teme que en breve se pueda separar a esta familia sudanesa que llegó a las costas de Motril a bordo de una patera el pasado 30 de enero huyendo de la cruenta guerra que sufre su país.

Andalucía Acoge pidió ayer a la subdelegación del Gobierno de Granada y la Ministerio del Interior que acaten la recomendación del Defensor del Pueblo y pongan en libertad a la familia retenida de forma irregular. Aunque la resolución judicial responde al recurso interpuesto por Andalucía Acoge al hallar que el auto utilizaba una normativa derogada, "la decisión es la peor, puesto que recoge separar a la familia, y eso es lo último" manifestó ayer José Luis Rodríguez Candela, representante jurídico de la federación, que subrayó que desde Andalucía Acoge se le ha encontrado ya un lugar digno para que esta familia pueda esperar la regularización de su situación en libertad y unidos.

La ONG teme que los padres, que están a la espera de la aceptación de su solicitud de asilo, puedan ser expulsados del país sin su hijo.

Todos aquellos, en su gran mayoría mujeres, que no tuvieron empleos reglados y no cotizaron en la Seguridad Social cobran una pensión no contributiva que les ayuda a salir adelante. Entre 1.177 y 7.062 euros anuales oscilan sus salarios estatales. No obstante, con estas cantidades es difícil llegar a fin de mes y por ello el gobierno andaluz ofrece anualmente ayudas extraordinarias. Este año la Junta destina en Málaga más de 5,7 millones de euros para incrementar pensiones asistenciales y no contributivas. Estas ayudas aumentarán un 8% con respecto a 2008 y beneficiarán a más de 25.000 malagueños, un 75% de ellos mujeres.

Amparo Bilbao, delegada para la Igualdad y Bienestar Social, presentó ayer estas medidas. "Ante la situación económica adversa, desde la Junta se ha actuado con celeridad contra la crisis", comentó ayer la delegada. Las primeras de estas aportaciones se dirigen a los 3.551 perceptores malagueños de las pensiones del Fondo de Asistencia Social y Subsidio de Garantías de Ingresos Mínimos. La cuantía individual, que se fraccionará en cuatro pagos a lo largo de 2009, asciende a 994 euros. Respecto a las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez, que percibirán algo más de 21.700 personas en la provincia de Málaga, la delegada anunció que en el mes de enero la Junta abonó mediante un pago único una ayuda complementaria individual de 102.96 euros. Esto supone un gasto total de 2,2 millones para la administración andaluza y afecta a más de 12.000 personas con un grado de invalidez superior al 65%.