El Metro cumplió ayer su primer aniversario en funcionamiento con un nuevo sobresalto. Cuando parecía que la hoja de ruta trazada para la culminación de su recorrido estaba definida, la Junta de Andalucía abrió ayer un nuevo interrogante en la puesta en servicio de los tres tramos que restan por ejecutar. Si bien el consejero de Fomento, Felipe López, en su primera visita a Málaga, ratificó la previsión de que los trenes alcancen las estaciones de Atarazanas, en la Alameda, y del Hospital Civil a finales de 2017, no hizo lo propio con la llegada del suburbano hasta el entorno de El Corte Inglés a finales el año que viene. Algo asumido por la Administración regional desde hace varios años.

"Prefiero ser prudente", dijo el consejero, quien si bien señaló que siempre que sea posible se pondrá en marcha en los plazos previstos, añadió: "garantías no me atrevo a dar". Esta ausencia de seguridad es ratificada a este periódico por varias fuentes consultadas y próximas al proyecto. Las mismas son aún más claras al dar por casi segura la imposibilidad de alcanzar este hito intermedio, cuyo valor cuantitativo y cualitativo es más que apreciable. El simple salto de los 300 metros que separan el intercambiador de El Perchel de la parada Guadalmedina supondría pasar de una previsión de 5 millones anuales de pasajeros a 8, un rémora que habrá de ser compensada igualmente en las aportaciones a los gastos de explotación.

La razón del enésimo desajuste en el calendario, que obligaría a dejar para finales de 2017 la puesta en servicio íntegro de los más de dos kilómetros que se extienden entre El Perchel y la Alameda, es la reactivación del conflicto entre la Administración regional y la empresa Ortiz por las diferencias económicas que mantienen respecto a la construcción de este tajo.

Las fuentes consultadas señalaron que la adjudicataria mantiene sigue reclamando un aumento del presupuesto de la obra por encima de lo que en su momento asumió la Agencia de Obra Pública de Andalucía. Si bien no han trascendido los datos exactos, las fuentes sí señalaron que esta fricción estaría afectado al desarrollo normal de los trabajos en una parte del recorrido lastrado de manera sensible desde su inicio.

Muestra de ello es que desde el arranque de las operaciones, a finales de febrero de 2010, se cuentan ya más de cinco años sin que esté finalizado. De hecho, aún se está a la espera de que las máquinas pantalladoras hagan su entrada en la parte del tramo que afecta a la Avenida de Andalucía y que sirve de antesala a la llegada del Metro al centro.

Las consecuencias de la colisión entre los intereses defendidos por Ortiz y la Junta se conocen justamente un año después de que Fomento, en ese momento bajo la gestión de Izquierda Unida, anunciase su disposición a tramitar una modificación del contrato de infraestructura y urbanización del tramo Renfe-Guadalmedina después de casi nueve meses de negociaciones con la firma privada. En esa comunicación, el ente autonómico mostró su disposición a avalar un aumento del presupuesto inicial de la obra, fijado en 42 millones de euros (sin IVA), de 17 millones, incluyendo los 8,2 millones de dos variaciones ya aprobadas y relacionadas con la protección de la muralla nazarí y con los trabajos arqueológicos realizados en la zona.

La cifra, no obstante, estaba muy lejos del aumento que exigía el socio privado, de 32 millones. Mientras Fomento asumía la opción de destinar hasta 59 millones en las fases de infraestructura y urbanización del tajo, Ortiz reclamaba 74 millones. La tensión que se vivió en aquello días entre las dos partes fue tal que la Junta puso sobre la mesa incluso la posibilidad de resolver el contrato.

En este escenario, Ortiz acabó aceptando la propuesta autonómica, aunque con numerosas salvedades y reactivó el ritmo normal de los trabajos en la zona, muy rebajados en aquellas semanas. En un escrito remitido a principios de agosto del año pasado, la empresa preguntaba, por ejemplo, si en la modificación que planteaba la Junta se incluían muchas cosas que ellos vienen reclamando, caso de más servicios afectados o el tema de los residuos.

El procedimiento abierto entre las partes requiere además de un informe del Consejo Consultivo de Andalucía, que debe pronunciarse aún sobre el incremento de 17 millones aceptado por la Junta. Respecto a la situación actual de las obras, expertos en la materia indicaron que en una situación normalizada la actividad en la zona de obra debería ser mayor a la que ahora se observa.

De otro lado, López incidió en la apuesta de la Junta por una infraestructura que, una vez culminada, podrá alcanzar una inversión de unos 794 millones de euros (frente a los 403 en los que se presupuestó inicialmente), de los que ya se han ejecutado 640 millones.