La Junta de Andalucía tendrá que pagar a la concesionaria del Metro de Málaga, que asume la explotación de las líneas a Carretera de Cádiz y Teatinos por un periodo de 30 años, como poco 2 euros por cada pasajero que en los próximos años utilice los trenes del suburbano para moverse por la ciudad. Esa cifra, que deberá ser actualizada a lo largo de las tres décadas de explotación conforme a, entre otros factores, el IPC, es el resultado de restar el coste que se apunta para el billete del viaje, que podría rondar el euro, del coste real de una infraestructura cuya ejecución se va a traducir en unos 700 millones de euros, casi el doble de lo inicialmente previsto.

Tomando como referencia la previsión del Metro de que en su primer año de funcionamiento completo, hasta La Malagueta, trasladará a unos 20 millones de pasajeros, la aportación que ese ejercicio deberá realizar el Gobierno andaluz será de al menos 40 millones de euros, un dato que, de aplicarse de forma continuada a todo el periodo de explotación, se traduciría en unos 1.200 millones de euros de aportación añadida. Sin embargo, esta extrapolación no se puede realizar en estos términos, puesto que cada uno de los elementos que dan como resultado esta cuantía tendrán que ser actualizados año a año, no sólo con el IPC como referencia, sino también teniendo en cuenta las posibles variaciones del precio del pasaje y el número de usuarios.

Tal y como precisaron fuentes de la Administración regional, una cosa es lo que percibe el bolsillo del ciudadano a la hora de hacer uso del nuevo transporte y otra bien distinta es la repercusión por viajero que tendrá, una vez culminado, el suburbano. Este último elemento se formaliza en lo que se conoce como tarifa técnica, que a día de hoy, según las fuentes consultadas es de 2,78 euros, 0,84 euros superior a la oferta de la unión de empresas temporal (UTE), encabezada por FCC, sobre la que recayó la construcción y explotación del suburbano malagueño.

Esta variación, además de la actualización del IPC en este intervalo de tiempo, es producto de la evidente variación que ha sufrido el coste de la infraestructura ferroviaria. Cabe precisar que esta tarifa técnica está calculada antes de conocerse que la Consejería de Obras Públicas iba a devolver a la concesionaria el tramo final del trazado: Guadalmedina-Malagueta, que, según el proyecto, supondrá unos 125 millones de euros. Pero ¿cómo se determina la tarifa técnica? Esta cuantía incluye la amortización de la inversión realizada, el capital social aportado por las empresas privadas en el desarrollo de los trabajos, la financiación del préstamo del Banco Europeo de Inversiones (a día de hoy de 325 millones de euros), y los costes de operación y de explotación durante las tres décadas de contrato.

Todo ello pone en evidencia que, al final, la ejecución del Metro de Málaga, aunque a largo plazo, se ejecuta básicamente con dinero público. Si bien es cierto que de acuerdo con el contrato vigente los socios privados deben pagar el 20% de la infraestructura, así como el material móvil, no lo es que la Junta acaba subvencionando mediante la diferencia de la tarifa técnica y el coste del billete los recursos adelantados por las empresas.

Esta circunstancia, y mediante una compleja ecuación, hace que la financiación real de las líneas 1 y 2 esté muy lejos de los alrededor de 700 millones de euros de la obra en sí. Un ejemplo, que debe ser actualizado por la Administración regional, es el acuerdo que el 1 de abril de 2003, alcanzó el Consejo de Gobierno sobre la financiación del Metro, y en el que a la aportación inicial que se hacía por 111,4 millones de euros, correspondientes al 33% del coste estimado para el Metro en aquel entonces, se sumaban otros 1.218 millones de euros "en concepto de subvención, como complemento a la tarifa técnica". Un montante desglosado ejercicio a ejercicio de toda la concesión, de tal forma que si en 2006, por ejemplo, el dinero a aportar era de 20,7 millones, en 2007 eran 23 millones, en 2018, 35,8 millones, y en 2036 (fijado en eso momento como punto de culminación del contrato), se elevaba a 61,1 millones.