La Junta de Andalucía se ha marcado el objetivo de, junto a los promotores y constructores de la región, empezar a corregir la alargada sobra de duda que pesa desde hace años sobre buena parte del urbanismo desarrollado en la provincia de Málaga, así como en otros puntos de la comunidad. Con esta idea, la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio ha recogido el guante que en su momento lanzaron algunos empresarios del sector y trabaja en la creación de un certificado de calidad a aplicar a las promociones inmobiliarias que así lo soliciten para despejar cualquier duda jurídica y de legalidad que pudiera existir sobre la misma.

La aplicación de la iniciativa, que ayer anunció el titular de este departamento autonómico, Juan Espadas, en el marco de un desayuno informativo organizado por el Colegio de Abogados, responderá a los múltiples interrogantes que muchos compradores aún hoy se hacen en relación al riesgo o no de adquirir una vivienda en ciertos municipios y territorios malagueños, evitando ejemplos de inseguridad como el ocurrido en Marbella o en viviendas levantadas en el ámbito rural.

Espadas, que admitió que se trata de una propuesta que llega de la mano de empresarios de Almería y Málaga, recordó que la puesta en marcha de esta acción supone una importante novedad a nivel andaluz e incluso nacional, dado que son escasas las experiencias que se conocen a nivel europeo. Asimismo, aclaró que la asunción de este certificado de calidad no será obligatorio para todos los profesionales del sector.

"Podría recuperar la credibilidad y la imagen de un territorio, que no la ha perdido, pero en el que hay una duda o inquietud de si se cumplen todos los parámetros de seguridad", apostilló, al tiempo que explicó que el efecto de la iniciativa no será de regulación por parte de la Administración regional, sino de "autorregulación de aquellos promotores que quieran que sus edificaciones tengan un certificado que acredite una serie de requisitos, entre otros el cumplimiento escrupuloso de la legalidad urbanística".

El consejero confió en que haya una alta demanda entre los promotores, aunque admitió que probablemente despertará más interés en las zona de litoral, "porque es donde se ha castigado más, no sólo en temas de licencia, sino también respecto a modelos de desarrollo urbanístico más o menos depredadores sobre valores naturales o viabilidad de recursos hídricos".

La cuestión, no obstante, se encuentra aún en un punto inicial. Para empezar a dar forma a la propuesta, Espadas señaló que ha encargado a los propios promotores y constructores que trabajen para determinar cuál será la plataforma de empresarios dispuestos a entrar en ese sistema de calidad, a los que la Junta apoyará con algún sistema de validación.

La situación de viviendas ilegales en territorio malagueño fue uno de los temas que despertó el interés de los asistentes ayer al acto del Colegio de Abogados, en el que Espadas pronunció una conferencia sobre el proyecto de ley de vivienda en Andalucía. Durante la fase de preguntas, uno de los letrados presente interpeló al consejero en relación a la situación en la que se encuentran cientos de ciudadanos extranjeros que han comprado terrenos y edificaciones en la provincia cuya situación es irregular.

A este respecto, el consejero fue claro al pedir un reparto de "las responsabilidades" en este tipo de casos, dado que no se puede eximir "absolutamente" de la misma a los que "han querido hacer negociete y aprovechar una ventaja en un momento determinado de algo que valdría infinitamente más caro en sus lugares de origen que aquí, donde lo han encontrado a un precio magnífico". "En sus países de origen hay normativas y formas de saber la seguridad o no de inversión", añadió.