El proyecto para reurbanizar Carretera de Cádiz y reducir el espacio destinado al vehículo privado se retomará de cero. Éste es el planteamiento que la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Obras Públicas, ha hecho llegar al Ayuntamiento de la ciudad, al objeto de "hacer tabla rasa" e impulsar los estudios técnicos sobre la actuación desde el origen. La propuesta, de llevarse a efecto, supondrá dejar en agua de borrajas los trabajos que en los últimos años han impulsado ambas administraciones, cada una de las cuales defendía un modelo diferente de intervención en este escenario urbano.

"No se trata de aplicar ninguna de las dos propuestas, sino de que sean los vecinos los que nos digan qué quieren", comentaron fuentes de la Administración autonómica, que aludieron también a la necesidad de "interconectar" esta iniciativa con el diseño que finalmente se dé al bulevar sobre el soterramiento de las vías del ferrocarril a su entrada en la ciudad.

La delegada provincial de Obras Públicas, Dolores Fernández, es clara en este sentido. "Todo se hará desde el diálogo y el consenso, dejando atrás todos los posibles enfrentamientos de este es tu proyecto y este es el mío", aseguró. "Primero tienen que ver los técnicos aquello que sea técnicamente viable y dar una solución que aporte y sume", agregó la delegada, que se mostró convencida de que cuando se crea una mesa de diálogo, como es el caso, "hay que hablar de proyectos conjuntos desde todos los puntos de vista. No te puedes cerrar en los documentos que ya tienes hechos. El objetivo es buscar una solución consensuada".

Esta premisa supone, en el caso de la Junta, guardar en un cajón el anteproyecto elaborado por encargo de la entonces titular de la consejería, Concepción Gutiérrez, al equipo integrado por el arquitecto Agustín Benedicto y el ingeniero Javier Bustinduy y que supuso un coste de 340.000 euros. El documento elaborado por ambos apostaba por la peatonalización completa del eje integrado por las avenidas Velázquez y Héroe Sostoa, permitiendo únicamente el paso de vehículos de residentes, emergencias y servicios de limpieza, entre otros. Esta solución dividía la zona de actuación en varios escenarios, en los que se generaban grandes espacios de esparcimiento ciudadano, de los que los alrededor de 120.000 habitantes del entorno carecen en este momento.

Pero al tiempo que invalida las soluciones plasmadas en este plan, que provocó el rechazo municipal, también aparca el estudio técnico elaborado por el Ayuntamiento, menos ambicioso en lo que a restricción de tráfico rodado se refiere. De hecho, el equipo de gobierno del PP defiende el mantenimiento de al menos dos carriles por sentido abiertos al tránsito de vehículos, aunque uno de ellos reservado para transporte público. La opción permitiría mejorar el espacio, generando grandes aceras. Ambos diseños tendrían un coste de ejecución de unos 200 millones de euros, incluyendo la construcción de aparcamientos subterráneos con los que responder a la eliminación de las plazas actualmente en superficie.

Desde el Consistorio, la reacción autonómica no parece la más adecuada. Fuentes del equipo de gobierno defienden aprovechar parte de los trabajos ya disponibles y los contactos que en los últimos meses se han mantenido con los colectivos vecinales de la zona, buena parte de los cuales ha mostrado su apoyo al diseño planteado por el Ayuntamiento. "Eso no debe quedar en saco roto",, comentaron las fuentes.