La búsqueda de un nuevo edificio al que trasladar la oficina del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en El Palo se ha convertido casi en un imposible para la Junta de Andalucía. Año y medio después de que saliese al mercado por primera vez para la selección de un inmueble para este fin, sigue sin contar con él.

Y no porque no lo haya intentando. Hasta en dos ocasiones ha convocado sendos concursos de arrendamiento, concluyendo en ambos casos de manera desierta debido a que los dos únicos licitadores que concurrieron a estos procedimientos no cumplían con las exigencias mínimas demandadas.

La situación gana en relevancia si se tiene en cuenta que, tomando como referencia los propios informes técnicos de la Administración regional, las actuales dependencias de Empleo no presentan precisamente las mejores condiciones para su uso.

Atendiendo a la memoria justificativa elaborada por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, que rigió la última licitación, que data del 6 de noviembre del año pasado, el local presentaba a esa fecha deficiencias varias en materia de accesibilidad, así como de condiciones laborales. 

De manera precisa, incumplía tres referencias normativas en materia de riesgos laborales (Guía técnica para la Evaluación y Prevención de los Riesgos; el Código Técnico de Edificación y la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales), así como otras tres en materia de accesibilidad (Decreto 293/2009, que aprueba el reglamento para la accesibilidad en las infraestructuras; la Orden VIV/561/2010, que desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad, y el Real Decreto 173/2010, que modifica el Código Técnico de Edificación).

"Las escaleras de acceso al almacén y archivo son inadecuadas, ya que no cumplen lo establecido en la normativa vigente", se exponía en el informe; así como que el local "no cumple con la normativa de Lugares de Trabajo, ya que no se dispone de 2 metros cuadrados de superficie por trabajador”. También se advertía de que los recorridos de evacuación eran "inadecuados" y que las personas con movilidad reducida no podían acceder de forma libre a la oficina del SEPE, ya que no dispone de una circunferencia de 1,2 metros de diámetro.

Ante esta situación, la Junta buscaba de manera preferencial un local en la zona este y, en concreto, en la Avenida Salvador Allende, la Avenida Juan Sebastián Elcano y la Avenida del Pintor Joaquín Sorolla. La superficie necesaria era de 692 metros cuadrados. La Junta fija dos opciones de arrendamiento, ya sea con el local terminado sin uso, con un valor de 546.290 euros por un periodo de cinco años, o un local en bruto, donde la suba baja a 420.223 euros.

El concurso contó con una única propuesta, la de la firma Civitae Invest. A priori, la misma reunía las condiciones exigidas. Sin embargo, según el acta del pasado 21 de julio, la proposición fue finalmente anulada al no presentar el informe favorable por parte de Bomberos.

Esta anulación viene a sumarse a la que meses antes se dictaminó cuando la propuesta de edificio era la antigua discoteca Bobby Logan. En su caso, se quedó en el camino tras conocerse un informe de la Gerencia de Urbanismo según el cual la calificación de la construcción, equipamiento, sólo permitiría acoger oficinas pero con una licencia de uso provisional. Algo que entraba en conflicto con el pliego de condiciones que regía el concurso, que obliga a que el inmueble contase con las licencias de uso necesarias.