El exalcalde de Marbella Julián Muñoz y el exasesor urbanístico y cerebro del caso "Malaya", Juan Antonio Roca, serán juzgados este lunes en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga por los delitos de prevaricación, fraude y malversación en relación a varias operaciones inmobiliarias.

En el banquillo de los acusados también se sentarán doce personas más, entre ellos miembros de la Corporación municipal, exediles del GIL, y empresarios. Los procesados se enfrentan a penas que oscilan de uno a tres años de prisión, e inhabilitación de siete a diez años por delitos de fraude, malversación y prevaricación, según el escrito acusatorio.

En el relato acusatorio se explica que el fallecido Jesús Gil ideó un reparto de papeles en el que él gobernaba el municipio desde su empresa y Julián Muñoz, en su condición de primer teniente de alcalde actuaba de manera habitual entre 1999 a mayo de 2002 como alcalde accidental.

Aunque tras la condena de Jesús Gil por el 'caso camisetas', sentencia que fue ratificada en abril de 2002 por el Tribunal Supremo, Julián Muñoz accedió a la alcaldía en su sustitución y, posteriormente, tras las elecciones municipales en mayo de 2003, revalidó la mayoría absoluta.

Juan Antonio Roca comenzó su vinculación con el Ayuntamiento de Marbella en 1992 y pese a no tener cargo electo, tuvo una posición de dominio sobre la corporación municipal hasta el punto de que los distintos concejales y la posterior alcaldesa, Marisol Yagüe, aparecían subordinados a su poder de decisión.

Su dominio en todo fue así hasta su detención el 29 de marzo de 2006, por lo que cualquier actuación urbanística en Marbella tenía que contar con el visto bueno de Roca, ya que controlaba no solo la revisión del planeamiento municipal, sino también los eventuales convenios urbanísticos que los interesados quisieran pactar con el Ayuntamiento.

Roca aprovechó esta circunstancia para lucrarse económicamente con este "urbanismo a la carta" y Julián Muñoz, como alcalde accidental, y los demás integrantes de la comisión de gobierno se limitaron a ratificar con su firma, de manera automática, pero en todo caso plenamente conscientes de su manifiesta ilegalidad y el perjuicio para Marbella, señala el escrito.

En este contexto, los empresarios acusados, dedicados a la promoción y construcción, hicieron varias operaciones inmobiliarias en la que se vio perjudicado el Ayuntamiento y pese a las irregularidades fueron aprobadas por la comisión de Gobierno.