La Audiencia de Málaga juzga a la ex alcaldesa de Marbella Marisol Yagüe, para la que la Fiscalía solicita inicialmente ocho años de prisión por presuntas irregularidades en una concesión a una empresa para la explotación de un vivero. Asimismo, se juzga al representante legal de dicha mercantil. El juicio comenzó esta pasada semana en la Sección Novena. Las defensas plantearon como cuestión previa la prescripción de la causa, a lo que las acusaciones se opusieron, según han indicado fuentes judiciales. Así, se prevé que la vista oral continúe el próximo día 20, aunque la Sala podría resolver previamente mediante una resolución las alegaciones planteadas por los abogados.

Según las conclusiones iniciales del fiscal, el primer contrato administrativo entre la empresa del acusado y el Ayuntamiento de Marbella se firmó en 2002 por el entonces alcalde Julián Muñoz y en ese documento se acordaba la concesión de uso de una parcela municipal de 14.700 metros cuadrados para su explotación como vivero. La concesión, adjudicada en comisión de gobierno, no se materializó porque existía una concesión previa sobre la misma parcela a favor de otra mercantil, apunta el escrito del fiscal. Pero, en marzo de 2004, Yagüe, ya como alcaldesa, y el otro acusado llevaron a cabo un contrato por el cual se permutaba la concesión adjudicada por una nueva en otra parcela de 10.253 metros cuadrados.

convenio "fue suscrito entre los otorgantes prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido y con ánimo de generar un perjuicio al ente público", señala la acusación pública, añadiendo que el Ayuntamiento reconoce a la sociedad "la suma de 138.315 euros por el importe de los trabajos realizados en la primera finca y el canon del primer año de la concesión". La Fiscalía señala que el perjuicio generado al Ayuntamiento es de 326.000 euros que se refiere a la renuncia a cobrar la cantidad establecida en el pliego de la concesión, al reconocimiento de los trabajos de limpieza, a los cánones no cobrados y la reducción del canon anual de la segunda parcela.

El fiscal acusa a Yagüe de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y fraude, pidiendo ocho años de prisión, inhabilitación absoluta por diez años y 20 años de empleo o cargo público.