Málaga

Juzgan a cuatro guardias civiles por trabajar para traficantes de hachís

  • La Fiscalía afirma que ejercían labores de contravigilancia y de logística para garantizar la seguridad de los desembarcos

Cuatro agentes de la Guardia Civil destinados en los puestos de Nerja y Almuñécar (Granada) han sido acusados de trabajar para organizaciones de traficantes de hachís ejerciendo labores de contravigilancia para garantizarles el éxito del desembarco de importantes partidas de hachís procedentes de Marruecos. La Fiscalía sostiene en su escrito de acusación que los cuatro colaboraban con un grupo de narcotraficantes que desembarcó 2.195 kilos de hachís en Torrox. Aquel asunto tuvo lugar hacia la 1:00 del pasado 2 de octubre de 2009. Parte de los contrabandistas fueron sorprendidos por otros efectivos de la Guardia Civil cuando desembarcaban la droga en la playa y trataban de esconderla en unos cañaverales situados en las proximidades de la desembocadura del río Gui.

El Ministerio Público afirma que José Ernesto E. y Rafael O., ambos agentes de la Guardia Civil de Nerja, junto a Juan José J. y Raúl R., de Almuñécar, favorecieron "la introducción en España de partidas de estupefacientes, prestando cobertura" a las organizaciones de traficantes y "realizando labores de vigilancia para poder detectar la posible presencia de otras dotaciones policiales". También colaboraron en la preparación de los desembarcos, en su logística y en la compra de teléfonos móviles para los miembros de la red utilizando la identidad de terceras personas.

Algunas de las pistas que permitieron establecer la relación entre los agentes ahora acusados y los traficantes se hallaron en los registros domiciliarios: en la casa de Raúl R. se encontró un papel en el que se habían anotado las matrículas de cuatro vehículos camuflados de la Guardia Civil y en el domicilio de Rafael O. localizaron un cheque librado por el agente José Ernesto E. que tenía como beneficiario a otro detenido y un papel con el número de placa de 17 coches camuflados. Finalmente, en la vivienda de la Casa Cuartel de Vélez-Málaga en la que residía José Ernesto E. se encontraron cuatro teléfonos móviles, dos notas con unas coordenadas geográficas que corresponden "con el punto exacto donde se produjo el alijo de droga intervenido en el río Gui", además de el número de matrícula de otros dos coches camuflados.

La Fiscalía de Málaga entiende que José Ernesto E. se dejó sobornar por otra organización de traficantes de hachís. Afirma que participó preparación y ejecución de un desembarco de más de 850 kilos de hachís que tuvo lugar el 2 de septiembre de 2009 en El Playazo (Nerja) y que le facilitaba a los contrabandistas "datos importantes que conocía por su condición de agente". En este caso, presumiblemente fue captado por el dueño de un bar de la zona, también acusado, para que a cambio de dinero proporcionara "la colaboración de miembros de la Benemérita para garantizar el éxito de las operaciones de tráfico de estupefacientes" ya fuera dejando pasar los alijos, prestando cobertura en los transportes de droga o avisando de la presencia de otros miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Poco antes de que la droga fuese intervenida cuando ya era transportada por carretera, los investigadores que seguían a los traficantes comprobaron, según la Fiscalía, cómo José Ernesto E. se reunía en el domicilio con uno de los hombres que luego fue detenido, cómo salían juntos en un vehículo en dirección a El Playazo e, incluso, cómo su acompañante se trasladaba solo y en el vehículo de la Guardia Civil hasta otro punto de la Costa desde donde supuestamente tenía mejor visión de la zona del desembarco. Además, está acusado de haber comprado en la tienda de telefonía en la que estaba empleada una amiga 10 teléfonos móviles utilizando la documentación de dos personas que la habían extraviado.

La Fiscalía pide para este agente 26 años y medio de cárcel por delitos contra la salud pública, cohecho y falsedad. Los otros tres se enfrentan a una petición de seis años y nueve meses de reclusión por delito contra la salud pública. Junto a los cuatro agentes serán juzgadas 10 personas más para las que el Ministerio Público reclama penas que oscilan entre los cuatro años y varios meses de prisión para los acusados de tráfico de drogas o el año de prisión y multa de ocho meses, a 12 euros diarios, para la vendedora de los teléfonos móviles.

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