El Juzgado de lo Penal número 11 de Málaga tiene previsto juzgar desde este martes día 28 de septiembre a cinco personas acusadas en relación con la muerte de un trabajador de las obras de instalación de las gradas para la celebración en Málaga capital de una eliminatoria de la Copa Davis en 2003. El juicio se prolongará hasta el 1 de octubre.

La Fiscalía hizo escrito de acusación contra cinco personas, responsables de las obras, por la muerte de un operario que "sin contrato de trabajo y sin estar dado de alta en la Seguridad Social" participaba en dichas tareas, que se realizaban "sin medidas de protección y seguridad" en la explanada cercana al Palacio de los Deportes de la capital.

Los acusados por el fiscal son el representante de la empresa que ejecutó el montaje, el encargado de las obras, perteneciente a esa misma firma; el director gerente de la Real Federación Española de Tenis (RFET) en ese momento; el arquitecto técnico y responsable de Seguridad e Higiene de las instalaciones, y el jefe de personal y responsable de contratación de los trabajadores para la empresa.

Según el escrito de conclusiones provisionales de la acusación pública, todos los acusados "sabían perfectamente que las obras se venían ejecutando sin medidas de protección colectiva alguna y sin que los trabajadores utilizaran en altura cinturones o arneses de seguridad, pese a lo cual no adoptaron medida alguna para remediar las situaciones de riesgo de todos los trabajadores".

El accidente laboral ocurrió a las 09.30 del 22 de agosto de 2003 y el fallecido, casado y padre de tres hijos, era natural de Marruecos, con visado de entrada expedido por el Consulado de Alemania para visitar en ese país a su cuñado. El fiscal sostiene que éste trabajaba "sin haber formalizado contrato alguno y sin haber sido dado de alta en la Seguridad Social por cuenta de la empresa".

El obrero realizaba los trabajos a una altura de nueve metros "sin llevar calzado homologado y adecuado", ya que calzaba unos tenis "sin dibujos en las suelas", dice la acusación, y, además, estaba sin sujeción alguna con cinturón o arnés de seguridad. El fiscal apunta que se precipitó al vacío por un hueco de las gradas, golpeándose la cabeza, lo que le provocó politraumatismo que le causó la muerte instantánea.

Con posterioridad al siniestro, el responsable de la Rfet comunicó a la Inspección de Trabajo el nombramiento del coordinador de Seguridad y Salud de dichas obras, para el que la acusación pública instó, en su escrito de conclusiones, el sobreseimiento libre de la causa, ya que dicho coordinador fue nombrado en concreto seis días más tarde de lo ocurrido.

Los delitos de los que se acusa a todos los procesados son de imprudencia grave con resultado de muerte y contra los derechos de los trabajadores, por los que piden cuatro años de cárcel para cada uno e inhabilitación especial para oficio relacionado con la construcción; mientras que al responsable de contratación se le acusa de otro delito contra los trabajadores, por el que el fiscal solicita tres años más de prisión y multa de 6.600 euros.

Según el escrito de la acusación pública, se precisa que el Plan de Seguridad y Salud "carecía del rigor necesario para ser un instrumento válido de prevención, al no recogerse el método de trabajo para la realización del montaje de la estructura y no estar aprobado por la Coordinación de Seguridad". Además, para el fiscal, "ni los promotores-constructores ni la empresa subcontratista informaron a los trabajadores de los riesgos que corrían ni tampoco de las medidas de prevención y protección que debían adoptar en el desempeño de los trabajos". En este sentido, se solicita indemnización de 150.000 euros.