El Juzgado de lo Penal número 7 de Málaga tiene previsto juzgar este lunes a los ex alcaldes de Marbella Julián Muñoz y Marisol Yagüe, a la ex primer teniente de alcalde Isabel García Marcos, y a otros diez ex concejales de distintas corporaciones, a los que la Fiscalía acusa de conceder licencias irregulares para la construcción de varias viviendas.

Según las conclusiones del ministerio público, los acusados aprobaron por unanimidad en distintas comisiones de gobierno primero la licencia de obras para el proyecto básico de diez viviendas aisladas en la zona de Cristo de los Molinos; posteriormente, el permiso para el proyecto de ejecución de dichas viviendas, y, finalmente, otra licencia de obras para otras tres viviendas más en la zona.

"En todos los casos concedieron licencias a sabiendas de que eran contrarias a las normas urbanísticas, pues aunque se trataba de suelo clasificado como urbanizable programado, no se hallaba calificado pormenorizadamente al no haberse llegado a desarrollar mediante un plan parcial", dice el fiscal en su escrito, añadiendo que eso constaba en los informes técnicos.

El ministerio público acusa a los procesados de un delito contra la ordenación del territorio. Esta acusación estaría dentro del acuerdo con las defensas, por el que se acordaron determinadas penas siempre que mostraran su conformidad con los hechos; aunque hay una acusación particular. Así, el fiscal pide para Muñoz, Rafael González y Marisa Alcalá un año de prisión y diez de inhabilitación.

Para Alberto García Muñoz, Tomás Reñones y José Luis Fernández Garrosa pide nueve meses de prisión e inhabilitación también por diez años, conforme al acuerdo. En este grupo estaría el ex concejal Javier Lendínez, que se fugó en 2008, tras mostrarse a favor del acuerdo; y que ahora ha sido detenido. Fuentes judiciales han apuntado que posiblemente se pida más pena de la que contempla dicho acuerdo.

En lo que respecta a los entonces concejales Isabel García Marcos, Rafael Calleja, José Antonio Jaén, Carmen Revilla y Pedro Pérez, la pena solicitada por la acusación en otra causa en la que hubo conformidad fue de doce meses de multa a diez euros diarios, lo que supone 3.650 euros.