La huelga de limpieza que dejó tras 11 días de paro casi 5.000 toneladas de basura acumuladas en las calles de la capital de la Costa del Sol sigue muy presente en el día a día de la Casona del Parque. Tanto como que el concejal de Sostenibilidad Ambiental, Raúl Jiménez, informó ayer de manera sorpresiva la intención de la empresa Limasa de reclamar en los tribunales daños y perjuicios a la Junta de Andalucía por el conflicto. A juicio del equipo de gobierno del PP, es la Administración regional la responsable del paro al no registrar como acuerdo parcial de convenio colectivo el documento que puso fin al paro de la Navidad de 2013, una acción "negligente" a juicio del edil.

No obstante, el propio concejal precisó que este paso adelante está condicionado al pronunciamiento que emita el Juzgado de lo Social número 2 de Málaga ante el conflicto formulado por el Consistorio contra la decisión de la Junta de no dar validez de convenio a los acuerdos de diciembre de 2013. Está previsto que el próximo mes de mayo se conozca la resolución. 

La reacción de los populares, expresada en la segunda de las sesiones del Pleno ordinario, se produjo después de que tras reclamar el registro de estos acuerdos durante dos años sin una respuesta afirmativa por parte de la Administración regional, la misma tuvo lugar el pasado 1 de marzo, "coincidiendo con el inicio de la huelga". El edil de Sostenibilidad Ambiental aseguró que por encima de la cuestión económica está la necesidad de que se haga "justicia".

Para Jiménez, ha existido "manipulación política" en este asunto, llegando a afirmar que la Junta, como Autoridad Laboral, "ha usado su brazo político inmerso en todos los procesos administrativos y está haciendo una grave negligencia, denunciada, además, en los juzgados". "Pesa más el color político que el sentido común y la justicia", lamentó. 

En esta misma línea, insistió en que la huelga de marzo "era claramente evitable si el Gobierno andaluz hubiera hecho su trabajo". "Dos años y dos meses después la Junta nos dice que registremos lo que nos dijo que no; eso evidencia una clara negligencia", apostilló, subrayando la "complicidad" que, a su juicio, ha existido "entre el poder político del PSOE y los sindicatos".

Las denuncias sobre el comportamiento de la Junta en este asunto fueron expuestas en el marco del debate de una moción presentada por el PP para que el Gobierno andaluz complete los trámites para registrar el principio de acuerdo de 2013. La iniciativa, sin embargo, no salió adelante debido al rechazo en bloque de la oposición. PSOE, Málaga Ahora, Ciudadanos y Málaga para la Gente coincidieron en que se trataba de una moción "inaceptable".

En este sentido, cuestionaron que se pretenda ahora registrar un acuerdo cuya vigencia era para los años 2013-2014-2015, y cuando para desconvocar la huelga del pasado mes de marzo se firmó un documento con una serie de puntos, cuya aplicación está pendiente de la sentencia del Juzgado de lo Social número 12. Ante las alusiones a interferencia política, la concejala del PSOE Begoña Medina lo negó y afirmó que ha sido el PP el que "no ha sido riguroso ni serio en este tema". "No se puede culpar a una administración por cumplir la ley y exigir la documentación que se debe pedir", ha declarado Medina, tachando la actitud del equipo de gobierno de "poco seria". Por su parte, el socio de investidura de De la Torre, Ciudadanos acusó a los populares de usar su "táctica habitual, echar la culpa al Gobierno andaluz".

De otro lado, salió adelante una moción de Ciudadanos para que el equipo de gobierno estudie la modificación de las ordenanzas para hacer extensiva la condición de residentes a aquellos ciudadanos que tengan su centro de trabajo en vías afectadas por la zona azul. Primero se analizarán las ventajas e inconvenientes de la implantación de esta medida y, en caso de considerarla positiva, se verán las zonas en las que sería más útil su aplicación. Asimismo, por unanimidad, el Pleno aprobó condenar el alzamiento militar del 18 de julio de 1936 y organizar conferencias y actos que permitan divulgar la Segunda República, pero no, que el 14 de abril ondee en el Ayuntamiento la bandera republicana.