El futuro de la corrala Las Luchadoras vuelve a pender de un hilo. Después de lograr un acuerdo con el banco para acceder a un alquiler social, el anuncio del adelanto electoral en la Junta de Andalucía y, por consiguiente, la ruptura del pacto de gobierno ha puesto en peligro las ayudas que, según el abogado de las familias, José Cosín, la administración pública le concedería pagar la cuota. "Las solicitamos por primera vez hace dos años y la última que la pedimos fue hace dos meses. Estamos luchando por poder pagar, contratar la luz y el agua. Son familias que se quieren integrar y les ponen obstáculos", defendió el letrado.

Ayer, miembros del colectivo STOP Desahucios se concentraron en apoyo a esta corrala, que ahora espera lograr, al menos, un preacuerdo con la entidad financiera mientras llegan las ayudas a los alquileres. Y es que, según Cosín, que ayer se reunió con el nuevo delegado de Fomento, Francisco Fernández, las perspectivas son buenas. Paralelamente, la plataforma también se refirió al caso de la corrala Malasaña, cuyos okupas han recibido una notificación de lanzamiento, aunque aún no hay fecha prevista. Asimismo, alertaron del inminente desahucio de un hombre con tres hijos, con orden de ejecución para mañana a las 9:30. Según su testimonio, adquirió su vivienda en 2004, en la barriada Nuevo San Andrés, con una hipoteca de 1.000 euros mensuales que ha estado pagando hasta 2008, cuando perdió su trabajo en sector de la construcción. Después llegó a un acuerdo con el banco para pagar 100 euros al mes. Sin embargo, en 2012 el inmueble pasó a manos de otra entidad que no aceptó dicho pacto; por lo que la familia dejó de pagar la hipoteca desde ese año.