La Diputación de Málaga acordó ayer en el pleno modificar los estatutos del Patronato Provincial de Recaudación, con el objetivo de cambiar la composición de su Consejo Rector, organismo en el que actualmente el Partido Popular cuenta con mayoría absoluta. La propuesta que salió adelante por unanimidad, pretende que este órgano tenga un "reparto proporcional" al número de escaños que cada grupo tiene en la institución. Esta moción fue presentada de manera conjunta por todos los grupos de la oposición en el ente supramunicipal -PSOE, Ciudadanos, IU Para la Gente y Málaga Ahora-.

Este no fue el único punto debatido en la sesión de ayer, en la que la oposición criticó el "incumplimiento" de los pactos alcanzados con el equipo de gobierno, acusación que generó acaloradas discusiones. Además de esto, el pleno también dio luz verde a una propuesta para que las ofertas de empleo público de la Diputación se aprueben con consenso social y político, se convoque una mesa de trabajo efectiva para negociar la posición del equipo de gobierno y se reanude el diálogo con los sindicatos para acordar el plan de estabilización.

La oposición estima "muy insuficiente" el informe del ente sobre los contratos de Bravo

En este caso, la moción fue llevada a pleno por los grupos de la oposición PSOE, IU y Málaga Ahora y consiguió el respaldo de Ciudadanos y el equipo de gobierno del PP, aunque los populares añadieron una enmienda. Así, una vez que el plan de estabilización salga adelante a nivel nacional será cuando se constituya la mesa de trabajo para la reanudación del diálogo entre partidos y entidades sindicales.

Otros acuerdos alcanzados por unanimidad fueron la creación de una red de viviendas públicas para mujeres e hijos víctimas de la violencia machista o la muestra de apoyo a la celebración del Día del Chiringuito por parte del pleno y la petición a la Junta de Andalucía para que finalice el proceso de regularización de las concesiones de estos negocios en Málaga; propuestas todas del equipo de gobierno del PP.

Por otro lado, la polémica en torno a la diputada de Medio Ambiente, Marina Bravo, por un supuesto conflicto de intereses en la contratación de la empresa de un familiar, en la que trabaja su pareja, volvió a centrar parte de la sesión. El PSOE presentó una moción para que la secretaría general de la Diputación realice un nuevo informe sobre este "posible caso de corrupción", puesto que los socialistas no consideran "fiable" el realizado por el ente.

La petición de los socialistas fue rechazada, pero Ciudadanos -que puso en conocimiento de la Fiscalía el asunto-, consiguió sacar adelante una enmienda por la cual todos los grupos, menos el PP, estiman "muy insuficiente" el informe elaborado por la Diputación, "pues sus conclusiones solo se basan en el testimonio de Bravo".