Málaga

Art Natura vuelve a demandar al Ayuntamiento de Málaga y reclama 1,2 millones

  • La entidad acusa al Consistorio de "haber hecho desaparecer los informes que avalan el valor cultural y científico de las piezas que se iban a exponer en el museo"

Francisco de la Torre y Fulgencio Alcaraz, en una visita a las instalaciones de Art Natura en 2008.

Francisco de la Torre y Fulgencio Alcaraz, en una visita a las instalaciones de Art Natura en 2008. / M. H.

Si el Ayuntamiento de Málaga daba por pasadas todas las páginas relativas a Art Natura, lo cierto es que el caso sigue sin estar cerrado del todo. Más aún, un nuevo episodio apunta a que el problema seguirá suscitando más de un dolor de cabeza: si en febrero de 2020 los tribunales no sólo desestimaron la pretensión del Consistorio de recuperar los 6,3 millones de euros abonados entre 2007 y 2010 en concepto de canon a Royal Collections por el museo, sino que obligaron al mismo a abonar a la firma otros 1,8 millones de euros en virtud de la demanda interpuesta, otra demanda desde los impulsores de la frustrada sede de Art Natura que no llegó a fructificar en Tabacalera exige al Ayuntamiento el pago de 1,2 millones de euros a cuenta de la decisión municipal de "hacer desaparecer o destruir los informes científicos que avalan el valor cultural y científico de las piezas que se iban a exponer en el museo".

Así informaron este lunes fuentes de Art Natura, quienes concretan en tal cifra el daño presuntamente ocasionado por el Ayuntamiento al hacer desaparecer tales informes. En iguales términos se expresó el presidente de Art Natura, Fulgencio Alcaraz, quien confirmó que "se ha ha presentado en el Registro la Reclamación por Responsabilidad Patrimonial de la Administración, por otros 1,2 millones de euros, porque en el Ayuntamiento han desaparecido, o se han destruido, bienes científicos y culturales". La desaparición de estos bienes "se acredita en acta notarial, con sus fotos e inventario, y en cartas de académicos y catedráticos de universidades de Málaga, Valencia, Madrid y Zaragoza". La documentación adjunta incluye cartas de autoridades científicas de diversas universidades y academias que confirman el valor de los documentos desaparecidos por los que Art Natura reclama la indemnización.

Fulgencio Alcaraz recuerda que el Ayuntamiento no ha pagado aún la cantidad demandada el año pasado con la aprobación del juez, que con los intereses asciende a 2,5 millones de euros

El mismo Alcaraz advirtió de que "la destrucción de esos bienes científicos, aparte de su valoración económica, tiene consecuencias graves (incluso el Código Penal, en el artículo 323, lo tipifica), porque habiendo destruido los dictámenes, informes y demás documentos (con sus datos, fechas y procedencias) de los fósiles, ámbar, meteoritos y demás especímenes, éstos se quedan en un hueso viejo y chatarra, con pérdida de su valor académico y cultural". Alcaraz recordó igualmente que el Ayuntamiento no ha pagado aún la cantidad correspondiente a la demanda ganada por Art Natura en febrero de 2020, una cantidad que, con los intereses acumulados, asciende ya, según apunta el propio presidente de la entidad, a 2,5 millones de euros.

Por su parte, fuentes municipales preguntadas por este periódico sobre la demanda se limitaron a anunciar que la misma "se tramitará como una reclamación más de las que se presentan ante este Ayuntamiento; tras su tramitación se resolverá lo que proceda en derecho".

Esta otra demanda viene a demostrar que el cierre del caso Art Natura por parte del Ayuntamiento no fue todo lo firme que pretendió ser, al tiempo que prolonga la agonía de una historia que se prolonga ya durante casi dos décadas. Tras la primera firma del convenio para la creación de Art Natura en 2002, las dudas respecto a la viabilidad del proyecto fueron creciendo a medida que los retrasos se acumulaban. Finalmente, el 18 de enero de 2012, tras el ultimátum lanzado por el Ayuntamiento, Royal Collections abrió las puertas de Art Natura en Tabacalera. La forzada inauguración apenas duró dos horas, hasta que agentes de la Policía Local y de Bomberos obligaron a cerrar al carecer las instalaciones de las autorizaciones e informes necesarios. Apenas dos días después, el Ayuntamiento puso en marcha el procedimiento para rescindir el contrato. El conflicto con los que fueran socios acabó en la vía judicial. El Ayuntamiento trató sin éxito de recuperar el dinero que fue abonado en concepto de canon y que ascendió a 6,3 millones (IVA incluido). El fallo emitido el año pasado avalaba incluso la pretensión de la empresa privada de recibir otros 1,8 millones, lo que constituyó un precedente significativo con respecto a la nueva demanda y los 1,2 millones reclamados ahora. La historia, por tanto, continúa.

  

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