La secretaria general de Regeneración, Racionalización y Transparencia, Nuria Gómez, junto a la delegada territorial de Regeneración, Justicia y Administración Local, Mónica Alejo, presentaron este jueves en el proyecto de ley contra el fraude, la corrupción y protección de la persona denunciante a los representantes de la Fiscalía y la Policía Judicial en Málaga, en aras de la colaboración necesaria entre la Administración y los investigadores y órganos judiciales para erradicar la corrupción de las instituciones.

En la reunión participaron los fiscales jefe y Anticorrupción de Málaga, Juan Carlos López Caballero y Francisco Jiménez Villarejo respectivamente; el comisario jefe de la Brigada Provincial de Policía Judicial, José Luis Molina, y el jefe de sección de la UDEF, Marcos Romarís; y los tenientes de la la Guardia Civil Miguel Ángel Ruiz (Jefe de Policía Judicial) y Pedro Luis Gemar (jefe del Seprona), que pudieron conocer de primera mano un texto impulsado por la Consejería que dirige Juan Marín y que prevé crear una Oficina contra el fraude para investigar, prevenir y sancionar este tipo de conductas en las administraciones. Un organismo independiente, ya que estará adscrito al Parlamento y que servirá de “enlace” para detectar malas prácticas y hacer saltar las alarmas.

Para la secretaria general de Regeneración, ha sido una reunión “tremendamente productiva” en la que las responsables de la Junta han podido intercambiar impresiones con los fiscales y los investigadores de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado sobre un texto normativo que se encuentra actualmente en trámite parlamentario tras superar el debate a la totalidad sin que ningún grupo presentara una enmienda total al Proyecto de Ley.

Gómez destacó que tanto los representantes del Ministerio Público como los de la Policía Nacional y la Guardia Civil han visto en la futura oficina contra el fraude “un medio de conexión entre sus investigaciones y lo que la Administración puede detectar” por lo que será una “herramienta clave”.

La comisión parlamentaria ha decretado de urgencia la tramitación del texto por lo que, según ha anunciado la responsable de Regeneración de la Junta, “la previsión es que la ley pueda ser aprobada después del verano y la voluntad de poner en marcha la Oficina este año es firme, por lo que la Consejería ha reservado en el Presupuesto de 2021 una partida para ello de más de 200.000 euros”.

Para la secretaria de Regeneración, la adscripción de la Oficina contra al fraude al Parlamento garantiza que será “totalmente independiente del Gobierno de turno”, ya que su director será elegido por la Cámara entre personas de reconocido prestigio y estará formada por funcionarios de carrera que tendrán la consideración de autoridad pública.

Uno de los aspectos clave de la ley es que contempla proteger a quienes denuncian ya que “muchas personas no han actuado por miedo a represalias y aquellos que lo han hecho han sufrido situaciones bastante críticas”.