Los varios miles de ciclistas que la pasada semana se echaron a la calle para exigir al Ayuntamiento de Málaga una infraestructura segura y adecuada para el uso de las dos ruedas como un medio alternativo han puesto en evidencia la ausencia de una estrategia clara del equipo de gobierno en materia de movilidad.

Los movimientos que en los últimos años viene haciendo el Consistorio, lejos de formar parte de una planificación estudiada, parece más un gesto continuado de improvisación ante los acontecimientos que van surgiendo. El efecto de la marcha organizada por Ruedas Redondas, un paso más en la elevada crítica a la que viene siendo sometido el Ejecutivo local por su decisión de sacar las bicis y patinetes de las aceras y espacios peatonales sin que la ciudad disponga de una red adecuada de viales alternativos, ha acabado por turbar la gestión municipal.

Apenas horas antes de la cita del pasado domingo, cuyo resultado es histórico en una urbe acostumbrada a pensar principalmente en el coche, el alcalde, Francisco de la Torre, anunciaba la determinación de reservar uno de los cuestionados carriles 30 ya delimitados en la capital, el del Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, para bicis y patinetes. Pero sólo los sábados, domingos y festivos (se prolonga la medida hasta el miércoles). El resto de jornadas, quienes acostumbran a acudir a sus lugares de trabajo en bici tendrán que volver a compartir escenario con vehículos que, en su mayoría, exceden con creces el límite de 30 kilómetros grafiado sobre el asfalto.

De la Torre dio a conocer su propuesta a través de su cuenta oficial en Twitter. En su mensaje informó, además, de que de manera provisional se pretende delimitar una plataforma sobre este mismo paseo para que los usuarios de estos medios alternativos puedan transitar por la zona más próxima al mar, abandonando la obligación de tener que hacerlo por la carretera. Una decisión que se anunció como paso previo a que, finalmente, pueda materializarse el tantos años demandado carril bici hacia la zona este.

Un ciclista circula por uno de los carriles 30 delimitados en Málaga.

La urgencia con la que se produjo el anuncio no hizo más que acrecentar las dudas que genera la política de movilidad en la capital de la Costa del Sol. La medida ve la luz semanas después de que entrase en vigor la nueva Ordenanza de Movilidad, que tanto rechazo ha generado entre numerosos colectivos y usuarios. De hecho, no ha sido hasta constatar la envergadura del malestar existente, cuando el área de Movilidad ha empezado a poner sobre la mesa las acciones que, supuestamente, lleva meses analizando y estudiando.

Al paso inicial contemplado para mejorar las condiciones sólo en parte del eje litoral, ya que quedará acotado a la parte del paseo entre Antonio Martín y los Baños del Carmen, le ha seguido la decisión de, ahora sí, abrir la puerta a delimitar sobre el lateral norte de la Alameda Principal un carril bici que compartirá espacio con los peatones y que no está exento de dudas. Esta determinación supone en sí misma una rectificación respecto al criterio defendido meses atrás por la Gerencia de Urbanismo, que rechazó la posibilidad de que una plataforma de esta naturaleza restase espacio al peatón.

El no expresado en su momento se conoció cuando el área de Movilidad dio marcha atrás en su planteamiento inicial de reservar uno de los carriles centrales de la Alameda para la circulación exclusiva de bicis y VMP. La razón aportada es que podrían interferir en el funcionamiento normalizado de los autobuses de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT) que tienen su parada en este escenario.

La de la Alameda era una de las intervenciones que formó parte de lo que se anunció como una apuesta sin precedentes por, aprovechando la caída drástica de las intensidades de tráfico al inicio de la pandemia, cambiar el modo de moverse en la capital. El plan incluía unos 70 kilómetros de carriles 30 en todo el mapa urbano.

Buena parte de ellos ya están marcados sobre el asfalto, convirtiéndose en la única opción que tienen los usuarios de bicis y patinetes de desplazarse por ciertos puntos de la ciudad donde no hay plataformas exclusivas. Y aunque fueron concebidos como remedio, la realidad es que se han convertido en un problema para aquellos que hacen uso diario de estos medios alternativos, que advierten desde hace semanas del riesgo que supone compartir la calzada con el tráfico motorizado.

Eje central de la Alameda Principal.

Ante esta reacción contraria, la respuesta municipal se ha limitado a anunciar la compra de varios radares móviles con los que disuadir a los conductores de superar la barrera de los 30 kilómetros por hora. Una licitación que sigue sin ver la luz después de semanas. Un paso al que quiere sumar en los próximos días, según desveló el pasado jueves el concejal de Movilidad, José del Río, en la reunión de la Mesa de la Bicicleta, la puesta en marcha de una campaña destinada a concienciar los coches del funcionamiento de los carriles 30. Al tiempo, el edil se comprometió a, en dos meses, dar una respuesta a la propuesta remitida por Ruedas Redondas para que la malla de carriles 30 quede segregada del resto del tráfico motorizado, garantizando de este modo la seguridad de ciclistas y VMP. 

También esta semana se han conocido detalles de las previsiones manejadas por el Consistorio para los próximos años. Del Río informó de que desde hace meses se viene trabajando en la redacción de un nuevo Plan Director de la Bicicleta que tiene el propósito de ampliar a hasta 113 kilómetros la actual red de carriles bici.

Siendo relevante el propósito, no lo es menos que para el presente ejercicio apenas se maneja el impulso de tres trazados, que vienen a sumar unos 3 kilómetros de longitud, valorados en 1,75 millones de euros. ¿Qué ocurrirá con el resto? Todo dependerá, en buena medida, de que el Ayuntamiento pueda disponer de los fondos europeos que ha solicitado para ejecutar las actuaciones contempladas.

Las buenas intenciones del área de Movilidad parecen claras, pero la realidad es que todos los movimientos ahora conocidos, muchos de ellos pendientes de convertirse en realidad, ven la luz sólo después de la entrada en vigor de una ordenanza con evidentes efectos sobre los medios de movilidad alternativa y de una protesta histórica. Detalles a los que sumar que la aplicación de las acciones ya conocidas, en el Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso y la Alameda Principal, tendrán, en caso de llevarse a efecto, como principal damnificado al peatón.

Más allá de lo cercano, la ampliación del foco obliga a valorar aquellas empresas que contempladas años atrás siguen sin emprenderse. Nada se sabe de los aparcamientos disuasorios que iban a ser objeto de estudio y desarrollo en las entradas de la ciudad. Y la apuesta por la implantación de una línea de Bus Rapid Transit (BRT), que viene a ser como una especie de tranvía sobre ruedas, con plataforma reservada, ya se ha guardado en un cajón.

Muestra de ello es que los fondos europeos de los que dispuso el Consistorio en el marco del programa Edusi fueron destinados a otro fin. Cuando se preguntó a Del Río por los motivos de esta decisión, contestó que había dudas sobre la compatibilidad del BRT con las grandes infraestructuras ahora en estudio, en clara alusión a la transformación del eje litoral, que incluye un soterramiento del tráfico de unos dos kilómetros de longitud.

El BRT fue uno de los protagonistas del ambicioso Plan de Movilidad Sostenible del que pretendía dotarse la urbe allá por el año 2011. Fue a principios de ese ejercicio cuando se aprobó inicialmente el avance de un documento en el que se apostaba por restringir el paso de tráfico privado por el eje de la Alameda y el Parque, iniciativa que ahora contempla el Ayuntamiento cuando el Metro llegue al Centro. La ambición de la propuesta era tal que se marcaba la necesidad de cambiar a residentes los aparcamientos de rotación localizados en el entorno del almendra del casco antiguo, paso que no se ha dado ni parece formar parte de las previsiones del Ejecutivo local.