Málaga

Málaga multiplica por cinco la generación de energía eólica en sólo un año

  • En la provincia ya hay 15 parques y los promotores piden menos trabas para construir más

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Dicen los promotores de energía eólica que desde que se presenta el primer papel para solicitar la construcción de un parque y el día de su puesta en marcha pasan una media de 10 años. Son centenares los trámites urbanísticos, medio ambientales y técnicos por los que hay que pasar pero, antes o después, llega el día definitivo y los parques eólicos empiezan a crecer como hongos. Eso es lo que ha ocurrido en Málaga. Tras una década de dimes y diretes, la provincia ha visto cómo se ha multiplicado la generación de energía eólica en sólo un año. En estos momentos hay 15 parques en activo con una potencia instalada de 266,3 megavatios, frente a los 52,6 megavatios existentes el año anterior, según los datos facilitados ayer por la Junta de Andalucía. Estos parques están ubicados en Casares, Ardales, Campillos, Cañete La Real y Álora y existen otros funcionando de forma parcial en Campillos, Teba, Almargen, Casares y Cañete La Real.

Según la Junta de Andalucía, "la potencia que vierten estos parques a la red eléctrica evita la emisión a la atmósfera de más de 417.000 toneladas de CO2, el equivalente a retirar de la circulación más de 87.500 vehículos". La energía eólica representa un 20% del total de energía consumida en la provincia.

Por ahora están operativos esos 266 megavatios pero los promotores tienen en proyecto llegar hasta los 400 megavatios. Mariano Barroso, presidente de la Asociación de Promotores y Productores de Energías Renovables de Andalucía (Aprean), asegura que este sector "está en auge, es dinámico y sólo depende de que nos dejen hacer más proyectos". Barroso subraya que "hay interés por parte de los empresarios y financiación, pero el problema es que hay normativas que en lugar de ayudar entorpecen". De hecho, Barroso tuvo ayer una reunión en Sevilla para intentar evitar más demoras con la puesta en marcha del borrador de la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (Gica).

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