La situación de la ganadería en Málaga está pasando por uno de sus peores momentos. En la organización agraria COAG se habla directamente de "crisis generalizada" y se teme por el futuro del sector. El secretario provincial de esta asociación, Juan Antonio García, aseguró ayer que en Málaga se han perdido 10.000 explotaciones ganaderas en apenas cinco años, pasando de las 47.000 en 2002 a las 37.000 con las que se cerró el año pasado.

Las causas de esta caída en picado son varias aunque los agricultores y ganaderos apuntan principalmente a dos razones. La primera es que los costes se han incrementado un 40 por ciento por el aumento del precio del cereal -utilizado en el pienso para los animales- y la segunda es que, según COAG, los intermediarios se están haciendo con todo el mercado realizando en la mayoría de los casos "prácticas abusivas".

Miguel López, secretario general de COAG, afirmó que "la diferencia entre el precio en origen y el de venta al público es de un 600 por cien". "Es un robo que se paguen 45 céntimos de euros por kilo de tomate al agricultor y que luego el consumidor pague 5 euros por un kilo cuando los agricultores les mandamos el producto envasado y directo al punto de venta, ¿qué gasto hacen los distribuidores para justificar ese incremento de precio?", se preguntó el máximo responsable de COAG a escala nacional.

El aumento de costes y la estabilización o bajada de los ingresos ha provocado que en los últimos meses, según COAG, los ganaderos malagueños hayan dejado de ingresar 47 millones de euros, una cifra que se eleva a 300 millones en Andalucía y a 2.500 millones en el resto de España.

López se mostró especialmente beligerante con el Gobierno central, al que reclamó que "haga algo ya porque los distribuidores nos están humillando y utilizando como mano de obra barata". El secretario general de la organización agraria pidió al Ministerio de Agricultura nuevas líneas de financiación para que los ganaderos se puedan adaptar a las circunstancias actuales; aumentar el IVA para los ganaderos del 7,5 por ciento actual al 9 por ciento; recibir reducciones fiscales en el pago a la Seguridad Social, y la creación de una ley de comercio "que evite la especulación y el abuso".