Málaga

Málaga cuenta con una treintena de vertederos ilegales de escombros

  • El 70% de los ayuntamientos no exigen a los constructores el pago de un aval para garantizar el tratamiento de estos residuos

La provincia de Málaga tiene repartidas unas 30 escombreras ilegales donde se depositan restos de obras sin ningún tipo de control. El parón de la construcción por culpa de la crisis ha frenado sólo en parte un problema ambiental, pero también económico que está llevando a la quiebra a la mayoría de las plantas autorizadas para la recogida y tratamiento de estos residuos.

La Asociación de Empresas de residuos de Construcción y Demolición de Andalucía (Agreca) pidió ayer ayuda a la Junta de Andalucía para buscar una solución que obligue a los ayuntamientos a controlar los vertidos y a cumplir con la obligación de exigir a los promotores de cualquier obra, ya sea una empresa o particular, una fianza para garantizar que los escombros resultantes son tratados convenientemente.

Hasta ahora, y a pesar de que el reglamento de residuos de Andalucía 73/2012, alrededor del 70% de los ayuntamientos de la provincia no ha cumplido con esta exigencia, según criticó ayer el gerente de la asociación Agreca, Pablo Pérez, y que representa a una veintena de empresas del sector de la construcción en la comunidad.

La entrega de ese aval a las corporaciones locales por parte de los constructores de una obra garantiza, dijo Pérez, que esos residuos sean tratados por un gestor autorizado y "no depositados sin control y por la noche en cualquier sitio".

De hecho, la legislación andaluza estipula que la entrega de esa fianza debe ser un requisito imprescindible antes de conceder cualquier licencia municipal de obras. Y sólo una vez que se demuestre que esos escombros han sido gestionados correctamente, los ayuntamientos devuelven la cantidad estipulada que depende del tipo de obra.

El problema, señaló el gerente de Agreca, es que "los ayuntamientos creen que es una medida impopular entre sus vecinos, pero hay que cambiar la concienciación del político porque no se trata de un impuesto si no la forma de evitar los vertidos ilegales".

Pero también la garantía de supervivencia de las alrededor de una decena de plantas de tratamiento que hay en la provincia y que como consecuencia de esta situación apenas reciben restos de obra que tratar. Representantes del sector se reunieron ayer con el delegado territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta, Javier Carnero, al que le pidieron colaboración para informar a los ayuntamientos de la obligación que recoge el reglamento andaluz y de prestarles los medios necesarios para que elaboren las ordenanzas municipales donde lo extrapolen.

Apenas un tercio de las administraciones locales de la provincia tienen una norma donde se recojan estos aspectos. El resto, según Agreca, o no disponen de ella o simplemente no la aplican. Sin embargo, la disposición transitoria de la Junta que entró en vigor en abril de 2012 daba a los ayuntamientos un plazo de dos años para adaptarse y un año para empezar a exigir los avales como condición sine qua non para pedir una licencia de obras.

"No se está haciendo y hay unos 300 puestos de trabajo en juego", según Pérez, que recordó que esta obligación ya estaba fijada en el real decreto sobre la gestión de estos residuos aprobado por el Gobierno en 2008.

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