Málaga

Málaga: voluntad de actuar, pero sin medidas concretas

Málaga: voluntad         de actuar, pero sin medidas concretas

Málaga: voluntad de actuar, pero sin medidas concretas

El fenómeno de la vivienda turística en Málaga capital, especialmente acusado en el casco histórico de la ciudad, donde se concentra del orden del 70% de las plazas existentes, sigue siendo objeto de atención pero no de acción por parte del Ayuntamiento de la capital. Es ahora cuando, muchos meses después de que se estén acumulando decenas de denuncias de vecinos debido a las molestias generadas por los consumidores de este tipo de alojamientos, no todos regularizados, y a la reciente voz de alerta lanzada por los hoteleros, el equipo de gobierno del PP empieza a tomar conciencia del problema.

Aunque ello, de manera cierta, no lleva aparejado, de momento, la elaboración, por ejemplo, de una ordenanza específica con la que poner límites a esta modalidad de alojamiento.

El propio concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, cuestionado por los pasos que se están estudiando en esta materia aludió de manera directa a los mensajes lanzados por el alcalde, Francisco de la Torre, en el Debate del Estado de la Ciudad celebrado el pasado 18 de junio. En esa intervención, el regidor admitió, en la línea de la interpretación que ya empieza a hacer el Ministerio de Hacienda, que se trata de una actividad económica. Una catalogación que abre la puerta a actuar con el planeamiento urbanístico vigente.

En su discurso, De la Torre habló de la necesidad de "marcar un rumbo" en esta actividad, usando para ello "todos los instrumentos que tenemos a nuestro alcance en el PGOU, y si es necesario lo modificaremos para regular los usos e intensidades para minimizar los problemas que se están produciendo principalmente en el Centro". Una acción con la que "contener la escalada de precios de los alquileres a largo plazo". Ayer en Twitter, el regidor se comprometió a abordar el asunto.

La voluntad expuesta viene a hacerse eco de las advertencias que en los últimos años realiza el Observatorio de Medio Ambiente Urbano (OMAU), ente dependiente del propio Ayuntamiento. Este organismo viene alertando de manera continuada de la intensidad del fenómeno residencial turístico y de la posibilidad de ordenarlo mediante la aplicación de los artículos recogidos desde 2011 en el planeamiento urbanístico. Parte de la premisa de que este tipo de alojamiento debe tener la consideración de actividad económica, permitiendo con ello limitar su posible implantación.

El Plan General de la capital de la Costa del Sol incluye dos artículos explícitos en esta materia. El 6.4.2 fija la "restricción del hospedaje en edificios residenciales"; el 12.4.7., alude a las "restricciones en plantas altas". Ambos marcan la "la práctica imposibilidad del alojamiento turístico en edificios residenciales, ciñéndose su actividad a edificios destinados solo a este uso". Algo por lo que viene clamando los residentes del entorno del Centro, que en una reciente reunión con De la Torre, exigieron una moratoria.

A falta de medidas concretas por parte del equipo de gobierno, el OMAU llega a plasmar negro sobre blanco la necesidad de dar forma a una normativa específica que acote drásticamente este uso. Así, propone la declaración de zonas saturadas de no crecimiento en aquellos entornos geográficos en los que los pisos y los apartamentos turísticos superen el 10% del suelo construido. Un parámetro que ya se supera en varios puntos del casco antiguo.

Por más contundentes que son estos mensajes, la realidad es que todos, hasta la fecha, han caído en saco roto. Y ello a pesar de denunciar los efectos colaterales que esta creciente oferta está teniendo en el incremenoto de los precios del alquiler de las viviendas, lo que, a su vez, reduce drásticamente la oferta de arrendamiento para otro uso que no sea el turístico.

Lo poco hecho por el Consistorio tiene que ver con la aprobación de varias iniciativas en el Pleno reclamando a la Junta de Andalucía que eleve el ritmo de inspección y acordando la puesta en marcha de un servicio al que los ciudadanos afectados puedan acudir para denunciar la existencia de alojamientos irregulares.

Un estudio actualizado meses atrás por el OMAU subrayaba la gravedad de la situación, al concluir que cerca del 90% de las viviendas de uso turístico que están reguladas, al estar inscritas en el registro de la Junta, "incumple la normativa municipal de usos".

La incidencia del fenómeno acaba de traspasar la frontera de la queja de los vecinos y residentes afectados por las molestas del turismo que consume estos alojamientos. Y llega al sector hotelero. La pasada semana la voz de alarma la dio el presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), Luis Callejón, quien vino a constatar la incidencia del fenómeno. "Dijimos que los primeros en morir iban a ser los apartamentos turísticos y así se está viendo. Los siguientes serán los hoteles de una, dos y tres estrellas", advirtió ante su imparable crecimiento en toda la provincia. Una muestra de ello es que ya son más de 22.600 las viviendas dadas de alta en el registro de la Junta de Andalucía, el 60% del total andaluz.

Los datos actualizados elevan a 3.508 los pisos existentes en la capital de la Costa del Sol, con más de 17.500 plazas. Este parámetro supera con creces las 12.107 plazas hoteleras (en 158 establecimientos) y las 3.876 de los apartamentos turísticos (en 149 inmuebles).

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