Hay media docena de farmacéuticos de Málaga que tienen en sus boticas la píldora poscoital, pero no la venden. La razón es que hacen objeción de conciencia. Por decreto están obligados a disponer de unas existencias mínimas del medicamento y ellos lo cumplen. Pero luego no lo dispensan porque se amparan en el derecho constitucional a objetar.

Los objetores suman apenas media docena entre las más de 600 farmacias que hay en toda la provincia. Su negativa se limita a la píldora poscoital porque, aunque expertos de la sanidad pública sostienen que no es abortiva, quienes la rechazan argumentan que sí lo es. Sin embargo, este reducido grupo de boticarios dispensa con normalidad preservativos y, bajo receta, pastillas anticonceptivas.

Su actitud no ha planteado hasta ahora ningún conflicto y es más una reivindicación simbólica que real dado que la píldora poscoital se da de forma gratuita en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS). La demanda que llega a las farmacias es muy poca. "Es la lucha por el reconocimiento en los hechos de un derecho constitucional, que además está avalado por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía", resumió el presidente del Colegio de Farmacéuticos, Javier Tudela, quien aclaró que de todos modos el usuario siempre tiene garantizado el fármaco en otra botica que como mucho está a 250 metros.

La entidad profesional ha creado un registro de objetores que funciona desde el pasado mes de diciembre. Tudela no quiso precisar la cifra exacta de los profesionales que objetan, pero comentó que rondan la "media docena". Son tan pocos que no llegan ni al 1% de los boticarios de la provincia.

El registro fue creado después de la aprobación de la Ley de Ordenación Farmacéutica (LOFA) que reconoce el derecho de la Administración sanitaria a autorizar la apertura de una segunda farmacia, sin respetar una distancia mínima, si la que hubiere en la zona no dispensa un medicamento incluido en el decreto sobre existencias mínimas.

Este apartado inquieta a los boticarios que lo interpretan como un texto orientado a desalentar la objeción de conciencia. "¿Por qué la Administración se reserva la potestad de castigar a un farmacéutico por ejercer un derecho constitucional?", se preguntó Tudela, que a continuación aclaró que el sector "no quiere guerra" con la Junta, sino velar tanto por que los ciudadanos tengan garantizado su medicamento como porque los profesionales que lo deseen sean libres para objetar.

"Y en ese aspecto, el registro es una herramienta más para defender a un colegiado si, por ejercer un derecho reconocido en la Constitución española, se viera comprometido en una situación delicada", acotó el presidente del Colegio malagueño. Tudela insistió además en repetidas ocasiones que siempre la dispensación de la píldora poscoital está garantizada en una farmacia próxima. El registro es voluntario y confidencial. Además, es una decisión reversible: el farmacéutico que se apunte puede retirarse cuando lo desee.

El Colegio Médico también ha creado un registro similar. Según esta institución hay al menos en la provincia una decena de facultativos que hace objeción de conciencia. La negativa en estos profesionales consiste en no ofrecer una prestación prevista por el sistema sanitario público, como el aborto dentro de los supuestos legales o la prescripción de la píldora poscoital. En este caso, el objetivo también es compatilibilizar el derecho de los médicos a objetar y el de los pacientes a una prestación sanitaria reconocida por el SAS.