Multan a un vecino de Pizarra con 200.000 euros por levantar una casa irregular

En el año 2000 Manuel Domínguez comenzó a construirse una casa en el municipio de Pizarra. La hizo poco a poco y le fue añadiendo extras para poder destinarla al turismo rural. Asegura que pagó su proyecto arquitectónico, que el Ayuntamiento aprobó el proyecto de actuación, que escrituró la vivienda, que asumió 12.000 euros de liquidación y que, desde entonces, paga 700 euros al año de IBI, luz y agua como todos. Lo único que le falta, como afirma este jubilado de 66 años, es el permiso de obra, por lo que su vivienda es irregular. Según adelantó ayer la Cadena Ser, en 2011 el Ayuntamiento le abrió expediente y lo sancionó con 200.000 euros y el derribo de la casa. Manuel defiende que hay otras 2.000 viviendas en el municipio en la misma situación y ha llevado al Consistorio a un contencioso administrativo por "el doble rasero" utilizado a la hora de aplicar la ley.

Manuel Domínguez, que es el presidente de la Asociación Casas Irregulares en Pizarra, lleva años intentando legalizar la situación de estos diseminados que están "en suelo paisajístico o agrario, según el PGOU del Ayuntamiento, y necesitan unos requisitos imposibles de cumplir para poder obtener el permiso de obra", explica el afectado. Domínguez habla de los dos expedientes que se abren a estas propiedades, el sancionador y el de reposición, y asegura que el Consistorio "incumple una parte de la ley porque no ha instado al derribo a los propietarios, nunca se ha derribado una casa en Pizarra, se ha multado pero se ha guardado en el cajón el segundo expediente", denuncia.

Sin embargo, éste no ha sido su caso. "Manolo, te ha tocado, me dijo el propio alcalde", recuerda Domínguez, indignado por sentir sobre él una especie de castigo ejemplarizante. "Quiero que me apliquen a mí la misma ley que a todos, no estoy dispuesto a que me discriminen", sostiene. En el contencioso, demandan que la sanción es excesiva para un jubilado que cobra una paga mensual de 982 euros y denuncian que no se han admitido alegaciones.

Este vecino de Pizarra subraya que los delitos no prescriben puesto que las casas de los diseminados están en terreno protegido y, por tanto, el Ayuntamiento "ha estado mirando para otro lado". Por eso, ha puesto el tema en manos de la Fiscalía, "que determinará si hay delito o no, si los funcionarios están haciendo su trabajo o no", dice Manuel Domínguez. Para él, según confiesa, esta sanción, que es la más alta impuesta en toda Andalucía de la que tenga conocimiento, significa una verdadera ruina y quedarse en la calle con su hija, en paro desde hace dos años.

"Aunque me tenga que ir a una tienda de campaña seguiré luchando para que la ley sea igual para todos y que no existan estos abusos descarados", apunta Domínguez. Un portavoz del Ayuntamiento de Pizarra aseguró ayer que el alcalde del municipio, Francisco Vargas, no consideraba oportuno pronunciarse al respecto ya que el asunto se encuentra en los tribunales.