Málaga es una provincia en camino de ser accesible. De hecho, sobre el papel lo será en breve. Y es que un 80 por ciento de sus municipios ya cuentan con planes de accesibilidad, algo que según Amparo Bilbao, delegada de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, será una realidad en todo el territorio malagueño durante el próximo año. Con la teoría redactada, sólo quedará ponerlo en marcha. Los beneficiarios de estas actuaciones seguro que lo están esperando y no son pocos. Según la base de datos del Centro de Orientación, existen 85.429 malagueños con discapacidad reconocida, es decir, con más de un 33 por ciento de minusvalía diagnosticada. Las mujeres, que suman un total de 51.372 casos, son mayoría.

En paralelo a las actuaciones que se están llevando a cabo a nivel autonómico y provincial, el colectivo de discapacitados espera la puesta en marcha real de la Ley de Dependencia, aprobada a finales del pasado año. "No es que vaya lenta, se aprobó a finales de 2006 pero el desarrollo normativo no se terminó hasta junio. A partir de ahí se trabaja con los Ayuntamientos pues se trata de una ley coparticipativa, es decir, puesta en marcha por el Gobierno central, pero que pondrán en práctica las comunidades autonómicas", explica Amparo Bilbao, que asegura que algunas familias ya se están beneficiando.

Los plazos de la Ley de Dependencia, sin embargo, parece que van lentos. "En teoría a 1 de enero de 2008 ya tienen que estar atendidas todas las personas con un nivel tres de discapacidad", afirma Raúl López, concejal de Accesibilidad del Ayuntamiento de Málaga. Joaquín Fernández, presidente de la Federación de Discapacitados Físicos, no es optimista en cuanto a los plazos, aunque se muestra satisfecho por la redacción del texto y también reconoce que las primeras ayudas "ya se están dando".

"La Ley de Dependencia es una buena ley, todos los sectores hemos apostado por ella, ahora lo que hace falta es que se cumplan sus plazos y condiciones", añade Fernández. Raúl López, por su parte, reivindica más medios para que se pueda llevar a cabo en la práctica. "Para que llegue tiene que dotarse al Ayuntamiento de muchas cosas, la persona dependiente, que son beneficiarios de esta ley, necesitan de mucho personal para atenderlos y hay mucha burocracia y los pasos son lentos", subraya López, que recuerda que los plazos se han marcado desde el Ministerio y desde la Junta de Andalucía.

La delegada de Igualdad y Bienestar Social explica que la Junta de Andalucía es la administración que debe valorar la discapacidad de cada persona. Con este informe, el Ayuntamiento realiza un plan individualizado de atención, que el Gobierno autonómico autoriza y pone en marcha. Según reconoce la propia Amparo Bilbao, en la actualidad todas las valoraciones aún no han sido remitidas a los ayuntamientos, aunque algunos, los menos, ya han pasado por todas las fases del proceso. "Desde el Ayuntamiento tenemos que reivindicar más personal para poder ejecutar la actual ley", insiste López.

El Día Mundial de la Discapacidad se celebró ayer en toda la provincia con distintos actos reivindicativos y formativos.