El presidente del PP-A, Javier Arenas, reclamó ayer que, tras un año y medio de la puesta en marcha de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, se haga "autocrítica", de modo que "se consolide lo que esté bien y se corrija lo que está mal", sobre todo cuestiones en las que hay "problemas" y que se refieren a previsión, presupuesto y formación del personal de atención.

Arenas, que se reunió en Málaga con diversos colectivos sociales y con concejales responsables de servicios sociales, anunció que su formación pedirá en el Parlamento andaluz la derogación de la orden de agosto de 2007 porque "una orden no puede establecer limitaciones con respecto a derechos que reconoce la ley".

"Las leyes no son eternas", declaró el dirigente del PP, quien añadió que "ya ha pasado un periodo más que suficiente como para hacer una crítica o una autocrítica de lo que es la aplicación de la ley, que genera una gran ilusión y muchísimas expectativas en la sociedad, además de derechos a favor de los ciudadanos". Por esto mismo, advirtió de que "los retrasos que se producen en la Administración nunca tienen que tener como víctima a los padres ni a las personas afectadas". Ante el incumplimiento de la Ley de Dependencia, aparte de "la denuncia política y de ir al Defensor del Pueblo", Arenas recomendó que "se vaya a los tribunales porque éstos te van a reconocer los derechos".

Defendió una política integral en función de la discapacidad y apuntó que hace falta una Ley de Dependencia "protectora", pero también "legislaciones paralelas que permitan la integración plena en la sociedad desde la autonomía personal". Así, criticó "el incumplimiento permanente de la reserva de plazas públicas para personas con discapacidad en las distintas administraciones, empezando por la propia Junta de Andalucía".

Según Arenas, las áreas que se refieren a la autonomía personal y a la dependencia deberían tener alguna vinculación con la Presidencia de la Junta porque "es lo único que permite que luego haya una coordinación eficaz".

En su opinión, es necesario resolver el problema de los baremos, atendiendo siempre a la renta personal y a la familiar, y subrayó la necesidad de tener de forma "urgente" una política de formación de personal de atención social para atender las expectativas de la ley porque, actualmente, "no es suficiente", y si no se actúa así, "se van a crear nuevas frustraciones". Sobre las dependencias presupuestarias, indicó que "en Andalucía hay dinero para todo en función de las prioridades", ante lo que agregó que la región destina 270 millones de su presupuesto de 2008; Madrid, 700 millones, y la Comunidad Valenciana, 300 millones, lo que evidencia, a su juicio, que "en Andalucía se está optando por la comodidad y, como al final los ayuntamientos son los que sufren a diario la presión de los ciudadanos, les endosamos esta problemática".