Funcionarios de la Agencia Tributaria han ratificado este miércoles que no se tributó ni en España ni en Suiza por la operación Crucero Banús, investigada dentro del caso 'Malaya' y que presuntamente supuso unos beneficios de más de seis millones de euros para cuatro de los acusados y un perjuicio para el Ayuntamiento de Marbella (Málaga) de casi cinco millones de euros.

Dos funcionarios de la AEAT han continuado este miércoles su declaración como peritos en el juicio contra la supuesta trama de corrupción marbellí, en concreto dentro del bloque relacionado con dicha operación, cuyos socios fueron el supuesto cerebro, Juan Antonio Roca, el letrado Juan Hoffman, el ex edil marbellí Pedro Román y el ex comisario Florencio San Agapito.

Según el fiscal, los cuatro se concertaron para comprar una parcela en Marbella sobre el que conseguir, con un convenio, el aumento de edificabilidad y la reducción de los aprovechamientos para el Consistorio. La operación la hacen éstos a través de una sociedad suiza que compra las participaciones de la entidad titular del suelo, tras lo que se vende a empresas del promotor José Ávila Rojas.

Los peritos han sostenido que "la operación no se realiza por una sociedad suiza sino por una serie de socios que actúan como comunidad de bienes o como comunidad de ganancias". Así, han explicado que esta entidad "no tiene intervención alguna en el negocio, ni en la compra, ni en la transmisión" a esas otras sociedades, por lo que radican la operación y la sociedad en España.

"No nos cabe duda de que si tenemos que decir dónde reside fiscalmente Lispag es en España, porque es una sociedad que hace sólo tres cosas: compra un inmueble, convenia con el Ayuntamiento su recalificación urbanística y vende el inmueble, tres cosas que se hacen en Marbella y por las personas físicas que son las que nosotros consideramos los verdaderos beneficiarios del negocio --en referencia a los cuatro acusados--", ha sentenciado uno de los funcionarios.

Aunque han indicado que una operación de constituir una sociedad en Suiza, comprar unas participaciones y venderlas a otras sociedades es legal y no tributaría en España, han seguido manteniendo "sin ningún género de dudas" que la tributación se debe atribuir "a las cuatro personas físicas", que, además, asumían directamente los riesgos, reiterando, como ya lo hicieron ayer, que la sociedad es "meramente instrumental".

Defensas

La jornada de este miércoles se ha centrado en el interrogatorio de la defensa del ex primer teniente de alcalde Pedro Román, intentando desmontar los informes emitidos por los peritos de la Agencia Tributaria, aunque el letrado ha sido advertido por el presidente del Tribunal encargada de enjuiciar el caso, José Godino, precisándole, en una de las ocasiones, que los comentarios "se los guarde para usted".

En esta sesión también ha comenzado a declarar otro perito, solicitado por la defensa de Román, que ha mantenido un diálogo con los otros dos expertos sobre dónde se entiende radicada la sociedad y la operación. Éste ha dicho que entiende que en este caso no se tendría que tributar en España, sino en Suiza, el lugar de residencia de la sociedad.

Ha indicado que "es legítimo" que los contribuyentes busquen un lugar o sede de operaciones donde obtengan una fiscalidad más favorable y ha precisado que la sociedad suiza "existe" como tal y que actúa en las operaciones "porque es la que aparece en las escrituras", aunque ha añadido que "no es residente en España porque la gestión de la sociedad no se hacía en España".

"No hay base suficiente para entender que la sociedad no realiza las operaciones", ha apostillado este experto, quien, en su opinión, hay que diferenciar quienes gestionan la sociedad, en este caso los fiduciarios, y quienes se encargan de gestionar las operaciones concretas que desarrolla dicha entidad.