El alcalde de la localidad de Carratraca, Óscar Román Pérez (IU), se enfrenta a una petición fiscal de un año y seis meses de prisión y diez de inhabilitación por haber podido incurrir en un delito contra la ordenación del territorio en la concesión de una licencia. El fiscal entiende que el regidor otorgó una licencia de segregación a sabiendas “de la evidente y flagrante contrariedad de la misma”, según se señala en la calificación.

La licencia objeto de la actuación judicial se otorgó el 4 de enero de 2002, cuando el acusado, en su calidad de presidente del Consistorio del municipio, concedió un permiso de segregación en suelo no urbanizable, según la normativa vigente de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. El Ministerio Público añade en su escrito que el regidor concedió la licencia pese a los informes técnicos y jurídicos desfavorables, en los que se ponía de manifiesto la contrariedad de lo solicitado.

Además, según la acusación pública, el alcalde de Carratraca era conocedor de que “tal segregación encubría una auténtica parcelación urbanística, ilegal y en suelo no urbanizable”. Por todo ello, el fiscal pide la apertura de juicio oral y que durante el mismo testifiquen en calidad de testigos la persona a la que se le concedió la licencia y el secretario del Ayuntamiento, así como el arquitecto técnico municipal, en calidad de perito.

El de Carratraca es uno de los muchos ayuntamientos de la provincia de Málaga salpicado por investigaciones por parte de la Fiscalía ante la presunta comisión de delitos urbanísticos o contra la ordenación del territorio. En concreto, son más de 25 los municipios los que ya se encuentran en estas circunstancias. El caso más conocido de los últimos tiempos ha sido el de Alcaucín, cuyo ex alcalde Juan MartínAlba fue detenido y encarcelado por un presunto delito de corrupción urbanística.Asimismo, el pasado día 15 se supo que el fiscal de Medio Ambiente había interpuesto sendas denuncias contra el ya ex regidor de Casares, Juan Sánchez, y el actual alcalde de Colmenar, Pedro Fernández, por supuesta prevaricación omisiva al no perseguir edificaciones ilegales.