El fiscal reclama a Tomás Olivo, promotor del centro comercial La Cañada, dos años y medio de cárcel, una multa de un millón de euros y la devolución de 450.321 euros que debió en su momento pagar a Hacienda en concepto de impuesto de sociedades por tres obras públicas realizadas para el Ayuntamiento de Marbella entre 1994 y 1997.

De acuerdo con el escrito de acusación provisional de la Fiscalía de Málaga, Olivo, a través de la empresa General de Galerías Comerciales, logró que el Ayuntamiento le adjudicara el proyecto y las obras de la prolongación de la calle Jacinto Benavente, el encauzamiento del arroyo Primero y un aparcamiento en la calle Jacinto Benavente. El precio de adjudicación sumó en conjunto más de 33 millones de euros.

El Ayuntamiento abonó los trabajos en unos casos mediante la aportación de fincas municipales presuntamente por un precio inferior al de mercado, en otros casos a través de reconocimiento de deudas procedentes de licencias expedidas a Olivo que no habían sido satisfechas y finalmente mediante cheques bancarios.

La Fiscalía sostiene que la empresa de Tomás Olivo ocultó gran parte de los beneficios obtenidos, de modo que no pagó 450.321 euros en concepto de impuesto de sociedades. El fiscal resalta en su escrito de acusación la maraña contable de General de Galerías Comerciales "con la finalidad de ocultar los beneficios que iban a obtenerse de los contratos" suscritos con las empresas municipales de Marbella. "Incurrían en graves deficiencias en la llevanza de la contabilidad, no reflejando ésta la realidad económica y jurídica de la empresa".

Estas "irregularidades" también afectaba a la subcontratista Emasa, también administrada por Tomás Olivo, que no emitía certificaciones de obra, sino "algunas facturas a cuenta de forma genérica y sin detalle del grado de cumplimiento de los contratos".