Abogados defensores de los acusados de formar parte de un grupo organizado, afincado en Marbella y presuntamente dedicado al blanqueo de capitales, solicitaron ayer la nulidad de las intervenciones telefónicas por "ausencia" de control judicial y falta de motivación de los autos por los que se acordaron dichas escuchas. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga acogió ayer la primera sesión del juicio contra los supuestos integrantes de una red dedicada presuntamente a facilitar a personas de diferentes países, principalmente narcotraficantes, la posibilidad de convertir las divisas obtenidas de forma ilícita y ayudarles a ocultar el origen ilegal del dinero, según Fiscalía, que les acusa de blanquear 62 millones de euros.

Las defensas expusieron como cuestiones previas que las diligencias se iniciaron por "simples sospechas" y con una investigación que estaba "en pañales" y hablaron también de "falta de concreción" de los oficios policiales que sirvieron de base para el auto ordenando las intervenciones. Además, aportaron diversa documentación.

Por su parte, el fiscal defendió las intervenciones y aseguró que "no fue un capricho del juez" el acordarlas, sino que existían datos previos de "movimientos de dinero muy importantes" y había que conocer "su procedencia". Asimismo, pidió tiempo para analizar la documentación aportada y pronunciarse sobre su inclusión como prueba en el juicio.

En este sentido, el Tribunal determinó que la vista oral seguirá mañana -y no hoy- con el informe del fiscal sobre la documental y con las declaraciones de los acusados. Además, acordó que las cuestiones previas se resolverán en sentencia, como pidió el fiscal y en contra de lo que solicitó uno de los letrados defensores.

Según el escrito inicial de la Fiscalía, al que tuvo acceso Europa Press, los acusados, algunos extranjeros, formaban una organización "perfectamente estructurada", unida por vínculos familiares o de amistad y dependencia, pero sobre todo "unida por la finalidad de obtener dinero fácil". El volumen de divisas, sobre todo libras esterlinas, presuntamente cambiadas por esta red fue de 62,2 millones de euros de 2000 a 2004, según el fiscal.

Según se explica, la organización se dedicaba presuntamente al blanqueo en la fase conocida como "de colocación del dinero", a través de una oficina de cambio y de una red de sociedades dedicadas al alquiler de vehículos o sin actividad.