Fue un día de despedidas para algunos y de un posible hasta pronto para los 12 de los 31 concejales actuales que tienen opciones de repetir como miembros de la corporación municipal tras las elecciones del 22 de mayo. Pero por lo demás hubo pocas novedades en el último Pleno municipal del mandato celebrado ayer en la Casona del Parque. Los reproches ya habituales, los debates reiterativos sobre el Campamento Benítez, las torres de Repsol o el museo Thyssen y nuevas acusaciones de posibles irregularidades en la contratación pública de empresas vinculadas a alguno de los miembros del equipo de gobierno del PP marcaron una sesión plenaria en la que se dio el visto bueno definitivo al plan que regirá el futuro desarrollo urbanístico de la ciudad después de los casi seis años que ha durado su polémica tramitación.

Esta vez no hubo plañideras, pero el grupo municipal socialista volvió a arremeter contra los populares con un nuevo caso de presunto favoritismo a la hora de contratar alguno de los servicios municipales. En esta ocasión le tocó el turno a la portavoz del PP y concejal de Economía y Hacienda, Carolina España, de la que el PSOE insinuó que en 2004 podría haber favorecido como vicepresidenta de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios (Smassa) la contratación de la empresa Fymes Publicidad y Medio Ambiente, en la que el hermano de la edil era socio. El concejal socialista Sergio Brenes aseguró que esta empresa explota en exclusividad la publicidad de nueve aparcamientos públicos de la ciudad en los cajeros, entradas, salidas y anversos de tiques, y destacó que esa contratación se produjo poco después de que "los grupos de la oposición fuéramos expulsados como miembros del consejo de Smassa".

La acusación por las supuestas irregularidades cometidas en esta adjudicación fue rápidamente contraatacada por la protagonista que compareció en el Pleno a petición del PSOE y que reconoció la vinculación de su hermano con esta empresa en la que "hace mucho tiempo que ya no tiene ninguna participación y a la que se le adjudicó este servicio cuando aún no había entrado en vigor la nueva ley de contratación pública".

España, a la que también se la vinculó recientemente con la empresa que desde el año pasado se encarga de la instalación de las lonas en el Festival de Cine de Málaga, se defendió asegurando que en aquel momento "no era necesario ni la publicidad en un medio de comunicación ni la concurrencia de la oferta" por no superar una cuantía mínima y "aún así se hizo y sólo se presentó esa empresa en un proceso absolutamente legal y en regla". El grupo municipal socialista fue más allá acusando al equipo de gobierno del PP de actuar "sin transparencia" y solicitó mediante una moción urgente, que fue rechazada por el grupo popular, la puesta a disposición "inmediata" de la información que se ha solicitado sobre la gestión realizada y que al parecer aún no ha recibido.

El alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, volvió a sacar el pecho por sus concejales y negó cualquier duda de opacidad en la gestión de su equipo de gobierno porque "el Ayuntamiento es ejemplar en este sentido y siempre hemos contestado a las 367 preguntas plenarias y a las 1.357 extraplenarias que se han presentado en este mandato". También el grupo de IU presentó una moción, que fue rechazada por el PP, solicitando la reprobación de la concejal de Sostenibilidad y Servicios, Teresa Porras, por "la falta de transparencia en los procedimientos de contratación", así como por "la progresiva privatización de casi todos los servicios y el desmantelamiento casi total del área".

Pero uno de los grandes protagonistas del Pleno de ayer fue el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que se espera que entre en vigor de forma parcial en mayo después de que se hayan subsanado las deficiencias en el documento. Pero tampoco hubo novedades en la postura de la oposición. Todos se mostraron críticos con el nuevo plan y de hecho el PSOE abstuvo e IU y el concejal no adscrito, Antonio Serrano, votaron en contra. El futuro incierto del Campamento Benítez, las supuestas irregularidades en la gestión del Museo Thyssen y los terrenos de Repsol completaron el debate del Pleno del adiós.