Con la denuncia, que permite que la maquinaria de la justicia arranque, da comienzo el proceso. No existe caso si los hechos no son puestos en conocimiento de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, a menos que estos tengan la posibilidad de abrir una investigación de oficio. Los delitos de odio, que suelen estar motivados por la orientación sexual e identidad de género o la intolerancia hacia la mujer y grupos de etnia gitana, no son una excepción. Ese fue el mensaje que ayer trasladaron policías y fiscales en una jornada organizada por la Policía Nacional en la Facultad de Derecho y que se propone concienciar en el ámbito de la igualdad de trato, la no discriminación y la gestión de la diversidad.

El inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía Julián Serna, que comenzó su intervención defendiendo "que no se trata de tener derecho a ser iguales sino de tener igual derecho a ser diferentes", abogó por potenciar la confianza del perjudicado en los efectivos, dado que, si no denuncia, estos no pueden "atajar" la situación ni "tomar medidas de respuesta".

El origen del primer asesinato reconocido en España como racista y xenófobo se remonta a 1992. La fallecida era Lucrecia Pérez, una inmigrante que pereció a manos de cuatro personas, tres de las cuales no habían rebasado la mayoría de edad. "Sin mediar palabra, entraron en una discoteca y dispararon a la chica. No sabíamos la realidad de la que partíamos. Desconocíamos la cifra de hechos porque no se contaban. Se denunciaba un 4,2% de estos, la gente no se atrevía, principalmente por miedo", explicó el policía. Desde entonces, la lista de incidentes motivados por odio se ha ido engrosando y es, precisamente, esa "cifra negra" de casos invisibles lo que supone, en palabras de Antonio María Lara, doctor en Derecho Procesal, una de las debilidades en la investigación. Entre los distintos tipos de ilícitos relacionados con estos comportamientos, la fiscal coordinadora del servicio de delitos de odio de la Fiscalía provincial de Málaga, María Teresa Verdugo, destacó la discriminación en los servicios públicos, "que en la práctica se da bastante más de lo que se denuncia". Y como ejemplo se refirió a una sentencia que condena al director de un colegio que denegó la matriculación al hijo de una pareja formada por homosexuales. Tampoco suele informarse, señaló, de aquellos delitos que atentan contra la libertad de conciencia y sentimientos religiosos, en los que puede incurrir un padre que golpea a su hija porque ésta rehúsa llevar el velo islámico.

Que un grupo de individuos agreda e insulte a un transexual, como ocurrió hace unos meses en el polígono Guadalhorce, atenta contra sus derechos. Que un usuario de Twitter cuelgue 66 mensajes ofensivos y vejatorios dirigidos al colectivo árabe lleva consigo una incitación directa a la violencia. Que desde una discoteca se prohíba la entrada a una caseta de la feria de Málaga a un actor de origen latino tiene también los elementos propios de una discriminación. En Málaga han sido 16 los casos de delitos de odio detectados en 2016 y un total de 25 en 2015, según los datos aportados por el subdelegado provincial del Gobierno, Miguel Briones. "Son muy variados, algunos por exaltamiento en redes sociales de agresiones que ha cometido un tercero. En otros casos, justificando la violencia de género o ataques acompañados de vejaciones -como las que sufrió un indigente que apareció muerto en el aeropuerto-", indicó.

Los expertos también coincidieron en señalar la importancia de reforzar las pruebas criminatorias y perfeccionar los atestados dirigidos a jueces y fiscales para, de esta forma, acreditar la motivación del delito y que a éste se le pueda aplicar el agravante de odio. El inspector Serna aconseja a los agentes "huir de expresiones genéricas y reflejar fielmente los insultos y amenazas y dejar constancia documental, habida cuenta de que su contenido en internet puede desaparecer". Durante la inspección ocular, los policías deben recoger vestigios como símbolos, anagramas, tatuajes y estandartes que los presuntos autores tengan en su casa.

Además de la declaración de la víctima y su "percepción subjetiva" de los hechos, son igualmente necesarias las declaraciones de los testigos y el rastreo de perfiles en redes sociales, en las que, según el mando policial, el discurso del odio "ha proliferado". "Las víctimas son intencionadamente seleccionadas. Los autores, en muchos casos, están organizados. Su finalidad es amenazar la seguridad del colectivo", explicó.