Una semana ha habido que esperar para que los responsables de la Gerencia de Urbanismo y del equipo de gobierno del PP salgan públicamente a desmentir las acusaciones de "injerencias políticas" denunciadas por dos exjefes de Urbanismo en la última sesión de la comisión que investiga la gestión realizada por este organismo en materia de infracciones en los últimos años. De manera taxativa, dos de los directamente apelados en aquella sesión, Teresa Porras, concejala de Cruz de Humilladero, y José Cardador, gerente de Urbanismo, negaron haber exigido que los técnicos de Disciplina "mirasen para otro lado" ante las presuntas irregularidades que se estaban produciendo en la urbanización de Villas del Arenal.

Durante la comparecencia ante los medios de comunicación, el concejal de Ordenación del Territorio ha defendido el trabajo realizado en este asunto y ha recordado la existencia de sentencias del TSJA y de "cinco jueces" que vienen a validar el procedimiento seguido por el Consistorio para regularizar los trabajos realizados en esa urbanización. "¿Por qué cinco jueces no creen el testimonio de esas personas? Porque escucharon a más de nueve funcionarios que expusieron todo lo contrario", ha afirmado.

También ha cuestionado el papel de varios de los de la oposición, el PSOE y Málaga para la Gente, cuyos portavoces demandaron en 2014 al equipo de gobierno que se paralizan los expedientes sancionadores y se buscase una solución que permitiese una respuesta "proporcional" para los vecinos. La misma vino de la mano de una tramitación y aprobación de un estudio de detalle que afecta al conjunto de Villas del Arenal.

Pomares ha confirmado que se tramitaron "todos los expedientes de Villas del Arenal", unos 150, apuntando que algunos de ellos han concluido con sanciones a los propietarios. Lo que no ha hecho en su exposición es detallar el estado de esos expedientes, señalando que esa información ya se aportó en la comisión de investigación. A pesar de que decían que se parasen.

El concejal de PP ha reiterado en varias ocasiones que la actuación siempre se ha hecho "dentro de la legalidad", admitiendo la apuesta por "un cambio de criterio" en la interpretación de lo ocurrido.